Durante el acto de apertura en la 134° Expo Feria Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, expresó que “no solo en la Patagonia, sino en otras zonas del país el Gobierno y la justicia se han mostrado indiferentes a los ataques contra los propietarios y el personal. Delitos cometidos bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes quieren autodominarse pueblos originarios siendo simplemente delincuentes comunes”.
En diálogo con Historia Nocturna, el antropólogo e investigador del CONICET, Sebastián Valverde, consideró que el enunciado “es muy peligroso porque implica estigmatizar, criminalizar y judicializar a los pueblos indígenas”. En el marco de situaciones “que pueden tener un inconveniente en su forma de accionar o pueden ser discutibles” lo que hacen los dichos de Pino es “asimilar a todo el pueblo mapuche que tiene entre 250 mil y 300 mil integrantes por algunos dos casos conflictivos que están apareciendo en los medios”.
El académico agregó “todo esto se apoya en una problemática y una deuda pendiente que tiene la sociedad con los pueblos originarios en general y en particular con el pueblo mapuche”, y opinó que el discurso del presidente de la Sociedad Rural se apoya “sobre eso confundir a la población y criminalizar a todo un pueblo indígena”.
En ese sentido, subrayó “no es casualidad que hable de tomas ilegales” y que no sostenga “'defendemos a las comunidades que están adecuadamente reconocidas por la Ley de Emergencia Territorial o la Ley de Propiedad Comunitaria'. No dice nada de eso, y no es casualidad porque terminan asimilando todo el reclamo de los pueblos indígenas con estos hechos que se los acusa de delincuentes vandálicos. Entonces, la operación que esto genera en la población es la construcción de la idea de que el reclamo mapuche es un delito, es ilegal”.
Seguidamente remarcó que “Río Negro es una provincia que está batiendo todos los récords de incumplimiento de legislaciones vigentes en Argentina en relación a los pueblos indígenas”, y justificó la afirmación exponiendo que “no está ejecutando la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, no tiene convenio con el área de asuntos indígenas” y planteó que ante un eventual cambio de gobierno y con el vencimiento del DNU que dio prórroga de la ley que permite poblar provisoriamente territorios ancestrales de las comunidades originarias, “estamos ante un problema gigantesco porque en todo el país desde la Quiaca hasta Ushuaia podría haber una gran cantidad de desalojos y que agentes privados avancen sobre los pueblos indígenas y sobre los territorios tradicionales”.