Adelina Loianno, abogada coordinadora de la Especialización en Derecho Constitucional en la UBA repasó la denuncia penal que realiza la Provincia contra Silvio Robles, asesor del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y el ministro de Seguridad, en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro por tráfico de influencias y consideró que es un cargo “muy difícil de probar”. Y agregó que la otra dificultad que se le presenta a la causa son “las pruebas” con las que se cuenta.
En Siete Colores, por FM 97Une, aclaró que en derecho, cuando una acción parte del “podría ser” luego es motivo de un proceso que requiere de una prueba.
“En la denuncia que hizo ayer la Provincia se expresa que la sentencia, que benefició a CABA en el tema de coparticipación, sería producto de tráfico de influencias”, describió.
En ese marco, la abogada reconoció que el planteo que hacen los intervinientes en esos chats “parece raro” .
Y aseguró que por consiguiente “la inteligencia está en buscar otro elemento desde donde investigar. Nunca está perdida una causa, depende de las pruebas. Dichos y opiniones, no sirven”.
Finalmente, se refirió a la acusación de que la Corte se ha entrometido en las funciones de otro poder y consideró que “el control de constitucionalidad siempre está a cargo de la Corte. Desde lo político puede tener valor el pedido, pero desde lo constitucional no. Es la función que tiene la Corte. No se está excediendo en sus funciones. Es una intromisión, pero es la función del Poder Judicial”.
Sin embargo, “muchos constitucionalistas coincidimos en que no debió rescatar una ley derogada. Debía decir que la ley era inconstitucional y pedir otra. El problema está en rescatar una ley derogada”, cerró.