El Estado bonaerense hizo una presentación contra la empresa de medicina prepaga Omint SA que fue denunciada por incumplir el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de una de sus afiliadas.
Con esta decisión, la empresa vulneró lo establecido por la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo e incumplió con la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
En No Corras, por FM 97 Une, Sabrina Cartabia, jefa de gabinete de la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense subrayó la “oportunidad novedosa” que ofrece la Provincia al brindar la posibilidad de denunciar a los prestadores privados ante el incumplimiento de la IVE.
“La novedad que ingresa es que aparecen herramientas para regular lo privado y políticas públicas para que estas empresas también se ajusten a derecho”, describió y agregó que con la posibilidad de denunciar a quienes impidan el ejercicio de este derecho “empiezan a ver cada vez más agencias que están en relación con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes”.
Seguido relató que “en líneas generales” los que defendían este tipo de derechos “eran las áreas de Género o el ministerio de Salud. Pero ahora tenemos la novedad de que se suma ministerio de Producción”; ya que en es en la pestaña de Defensa del Consumidor, de la página ese ministerio donde se encuentran los formularios para que las mujeres y personas gestantes puedan radicar este tipo de denuncias.
Por otra parte, en el caso puntual de Omint, Cartabia destacó que “la empresa solicitó una Audiencia de conciliación. Se tendrá ese espacio. Se verá si se puede conciliar o no. Luego se analizará si se le puede imponer o no una multa. Y después la empresa puede ir a cuestionar esto a la justicia, si lo creyera necesario”.
Asimismo, la funcionaria provincia también se expidió sobre una Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoca a una audiencia pública para reabrir una discusión sobre el status de embriones crioconservados.
En este caso aseguró que lo que intenta la Corte es volver sobre si los embriones crioconservados se pueden descartar sólo con la mera voluntad de la persona que hizo el tratamiento y aseguró: “Esto ya está resuelto en los ordenamientos jurídicos que hay porque tenemos derecho a abortar hasta la semana 14. Y además la Corte Interamericana también ha resuelto en el mismo sentido en el año 2012”.
Enronces denunció “dos cuestiones. Primero las razones ideológicas que son contrarias a los derechos sexuales y reproductivos ya consagrados. Y luego las razones de negocios. La crioconservación es un procedimiento carísimo y de esa manera se estaría obligando a las familias que tiene problemas de fertilidad a sostener indefinidamente el alquiler de la crioconservación”.
Y concluyó que allí lo que se puede ver es que “hay una Corte que le hace más caso a los sectores más conservadores y a las empresas de fertilidad y no a las necesidades del pueblo”.