A 11 años de la muerte de José Carlos "Kily" Rivero, un niño que vivía junto a un campo fumigado en la provincia de Corrientes, el 1 de junio comienza el juicio contra Oscar Antonio Candussi, dueño de la empresa tomatera lindante.
La justicia llevará adelante un proceso de homicidio culposo contra el titular de las tierras por haber sido el responsables de las fumigaciones.
En La Mecha, por Radio Provincia, Analía Zamorano, médica y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del Instituto de Salud Socioambiental aseguró que el caso que investiga la justicia “es emblemático pero no dista mucho de otros casos de otros niños que están expuestos a la fumigación. Tiene que ver con el impacto de los agrotóxicos que se usan para la producción”.
Seguido explicó que desde la Universidad Nacional entre 2010 y 2020 se realizaron “campamentos sanitarios” donde se “relevaron más de 40 localidades. Y pudimos hacer un extracto con 8 pueblos fumigados de la región centro sur de la provincia de Santa Fe, donde con una encuesta a más de 27 mil personas (que es lo que abarcó este estudio, y representan el 68% de las poblaciones objeto) concluimos que los jóvenes de esas localidades tienen 2,5 veces más probabilidad de morir de cáncer que los que viven lejos de zonas fumigadas”.
Zamorano agregó que “según cifras oficiales en nuestro país, hay una gran incidencia de eventos cardiovasculares en la causa de muerte de la franja joven que va entre los 15 y 44 años. Y luego se encuentra el cáncer. Pero, en estas localidades fumigadas, el cáncer se llevan el primer puesto. Y las mujeres tienen más probabilidades que los varones”.
Además, detalló que estos estudios también evidencian que la utilización de agrotóxicos en las producciones “afectan la trasmisión de los impulsos nervioso, cambian el comportamiento de las hormonas en el cuerpo y provocan malformaciones en el embarazos o abortos espontáneos”.
Sin embargo, analizó que esto luego no se refleja en la justicia por “los intereses” económicos que hay detrás que son tan grandes que “la justicia llega ser cómplice” porque sino, no se entiende cómo “con una investigación de estas características de una Universidad Nacional no estamos hablando de cómo cambiar las políticas públicas en función de estos resultados cosa que es el objetivo de nuestro Instituto”.
Puntualmente respecto al proceso judicial, Zamorano denunció “que primero hay complicidad de la justicia para no discutir de fondo los modelos productivos extractivistas de nuestra región que agrede a los cuerpos. Y en segundo lugar es difícil demostrar cual es el agro toxico que causa la enfermedad y la justicia es lineal en la búsqueda de las pruebas”.
Y dijo: “Nosotros podemos decir que en estos pueblos existe esta mayor probabilidad, pero no podemos decir cuál agrotoxico produjo tal cosa. Pero sí tenemos identificado que producen cada agrotóxicos. Y eso ya debería ser prueba suficiente para prohibirlo si nos remitimos al principio precautorio que expresa nuestra Constitución Nacional”.
Por último, la especialista aseguró: “En nuestros territorios no estamos produciendo alimentos. Nos estamos convirtiendo en un laboratorio a cielo abierto donde la producción es agroindustrial y donde todos estos cultivos se destinan a commodities”.
“Hoy el tomate que nosotros producimos viaja por todo el país. Y no tenemos producciones locales que significaría otro modo de producir, más gente en el campo; y eso también cambiaría las lógicas de habitar las ciudades. Porque la marginalidad que tenemos hoy en las ciudades es también producto de la exclusión de los trabajadores del campo. Es un modelo complejo pero si no tomamos una definición hoy, en 20 años será tarde (...) porque no hay posibilidad de producción infinita en nuestro territorio y eso ya está demostrado”, cerró.