El director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional comentó que la impunidad “tiene repercusiones negativas en varios sentidos. Porque da la posibilidad de libre repetición de estos hechos y es algo que nosotros trabajamos y queremos reducir o eliminar”.
En este tono, remarcó que haya “condenas debería, en un camino largo y sostenido en el tiempo, ir reduciendo en cuanto los miembros de nuestras fuerzas de seguridad en todas las provincias. Para que vayan entendiendo que hay una línea política uniforme, judicial y que no hay lugar para esto”.
El funcionario de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación explicó que “es importante que estemos atentos, porque hablamos de violaciones a los derechos humanos, donde el Estado argentino tiene firmados compromisos internacionales y convenciones a respetar. En caso que haya impunidad puede llevar una responsabilidad internacional para el estado argentino”.
En relación a las fuerzas de seguridad indicó que trabajan “con las provincias que nos abren las puertas, porque después tenemos un país federal y tratando de ayudar en la formación de las fuerzas” y agregó “también brindamos charlas de formación de derechos en el territorio, en los barrios, y eso también es importante para que todos los ciudadanos y las ciudadanas conozcan cuáles son sus derechos para poder hacerlo valer después y eventualmente para poder llamar a la Secretaría de Derechos Humanos”.
Przybylski detallò que pusieron “en funcionamiento un centro de denuncias para contar lo que pasó, denunciar el hecho y así se puede trabajar sobre el tema” aunque precisó que “primero hay que conocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque en general terminamos tomando conocimiento de las grandes violencias que terminan en muertes, pero cotidianamente tenemos micro violencias en los barrios por parte de fuerzas de seguridad y muchas están naturalizadas”.
En este sentido subrayó que por tal motivo “estamos muy contentos por juicios como el de ayer donde termina decidiendo un jurado popular y diciendo como pueblo esto no, esto no lo aceptamos. Y eso tiene un valor mucho más grande para todos y me imagino que para las familias también”.
“Nosotros desde la secretaría hablamos mucho con el conjunto de familiares de víctimas, porque creemos que es parte de nuestro trabajo, contener, ayudar y acompañar, así como lo hicimos con los de San Miguel del Monte, en general tratamos de estar muy cerca de todos y todas”.
Asimismo sobre los jurados populares “es un tema que lo discutimos mucho entre los familiares también. Porque, lógicamente hay muchos que consideran que todo este bombardeo mediático, contra la inseguridad y a favor de la mano dura, termina perjudicando en casos de violencia institucional. Y hay otros que por ahí les parece que puede ser interesante, en función que es el mismo pueblo el que puede llegar a estar dando un veredicto”.
El funcionario agregó que ”todavía no tenemos tantos juicios por jurado popular, es algo nuevo, pero ya vamos notando una diferencia de percepción. En los jurados populares y en los jueces técnicos también” añadió.
No obstante, al ser consultado si alcanza con la tarea de derechos humanos realizan desde el área como sucedió con el caso de San Miguel del Monte puntualizó que “no alcanza. Primero que nunca va a alcanzar con una gestión. La violencia institucional repercute en los estados provinciales porque cada provincia tiene su fuerza de seguridad, su estructura de mando civil a través de los ministerios de seguridad” y agregó que como secretaría “tenemos nuestras competencias, políticas, pero por supuesto que no depende solamente de nosotros”.
“Tenemos que ponernos de acuerdo todos, por eso promovemos un proyecto de ley nacional que está en la Cámara de Diputados, pendiente de tratamiento. Tiene que ver con ponernos de acuerdo en pautas mínimas, en pisos mínimos, en todas las provincias y para toda la fuerza de seguridad y se transforme en una política de Estado”.
Finalmente indicó: “No discutamos si se pueden violar los derechos humanos o no. Eso no puede ser discutible. Acá estamos todos de acuerdo. La policía no puede matar y no puede torturar, por eso discutamos eso. Aunque hoy eso no sucede, es un trabajo que hay que hacer y ojalá podamos sancionar la ley, para ir avanzando y que en todas las provincias se reaccione igual, para que todos tengamos la misma capacidad de repudio y línea política”.