Desde Uruguay, María Selva Ortiz integrante de la Red de Amigos de la Tierra describió que “el área metropolitana, que implica un 60% de la sociedad uruguaya, porque incluye la ciudad de Montevideo y todas las zonas aledañas, está cumpliendo 61 días sin agua potable” y denunció la falta de “previsión” del gobierno de La Calle Pou.
En Mañana es Mejor, por Radio Provincia, la ciudadana del país vecino informó que el ministerio de Salud Publica alertó a los grupos de riesgo para que no consuman el agua porque los niveles de cloruro y de sodio son mayores a los permitidos. Y agregó que incluso para las personas sin factores de riesgo el suministro se vuelve “intomable” porque tiene “derivados del cloro -que la OMS señala como potencialmente cancerígenos"- por la necesidad de potabilizarlo para su consumo producto de que actualmente se alimenta de la cuenca del "Río de La Plata, que tiene una gran carga de materia orgánica”.
“El agua no es potable porque no es segura. No cumple con los requerimientos de potabilidad necesarios. Y por eso la misma Universidad de Química uruguaya recomienda no beberla” reiteró. Y lamentó que la única solución viable que tiene el gobierno de La Calle Pou “sea comprar agua embotellada” porque la otra es “que llueva. Pero de acuerdo a los escenarios que se prevén desde la meteorología local eso sería dentro de 3 o 4 meses durante la primavera tardía”.
Seguido, denunció que en el gobierno “demoró 60 días para declarar la crisis hídrica” y subrayó que desde su organización lo que se pide es que se declare la “crisis sanitaria porque hay un 40% de la población que sigue tomando esa agua con problemas y ya se empiezan a ver los impactos en la salud”.
Ortiz, agregó que a pesar de vivir una situación de crisis el gobierno tardó en “sacarle los impuestos al agua embotellada” y ahora el precio “lo rige el mercado” ya que no se le ha impuesto un tope y señaló que la prioridad debiera ser llevarle “agua potable a los sectores más vulnerables”.
“Recién este lunes, 56 días después de que iniciara la crisis, el gobierno depositó el equivalente a dos litros de agua por día en redes de cobranza para que los sectores vulnerables accedan al agua potable. Pero, poner plata en una red de cobranza no es una solución, porque son personas con muchas urgencias. Claramente, es un gobierno neoliberal que ha dejado a la población a la deriva y sin agua potable”, reflexionó.
Y recordó que “la última reforma constitucional no sólo estableció que el acceso al agua y al saneamiento son derechos fundamentales sino que el agua que actualmente embotellan las empresas es de dominio público. Por lo tanto, se está violando un derecho humano y también se está permitiendo que las empresas envasen estas aguas subterráneas y las vendan a precios por encima de los costos, lucrando con la crisis, la sequía y sin control del Estado”.
Asimismo, señaló que la región afectada hace 150 años que se suministra con la cuenca del Río Santa Lucía y denunció que ahora se están empezando a ver las consecuencias de “una muy mala planificación y una muy mala gestión de la cuenca" porque se ha permitido que "el agro negocio y los monocultivos la impacten”.
Finalmente, puntualizó que "acá lo que debería haber es una serie de políticas públicas claras para enfrentar la crisis, como por ejemplo llevar agua potable con camiones cisternas -como se hace en otras partes-, para que la gente pueda acceder al servicio . Sin embargo, el gobierno apuesta a esperar que llueva e invierte $USD 40 millones en dos represas en la cuenca San José que no tiene agua. Es decir que hace grandes inversiones en vez de pensar en llevarle agua a la gente”.