Al respecto, Bernal explicó que a partir de allí “se oficializó el golpe de mercado con una retracción de derechos que es gravísimo y que pone en una situación de efectiva indefensión a cerca del 45% de la población”. Seguido, apuntó que con esta iniciativa en un escenario de “crisis económica, aun formalmente en una situación de emergencia, el Estado empieza a oficializar pasos para atrás en una materia que necesitamos que esté presente porque la desigualdad es galopante".
En este sentido, el letrado expresó que en “esa intermediación entre la persona y el derecho” en la que según la iniciativa -el contrato podrá ser acordado entre inquilinos y propietarios- “si no está el Estado presente como sucede en la vivienda a través del alquiler se produce la expoliación permanente de recursos de un sector en favor del mercado inmobiliario”.
Y añadió, que “lo que en la práctica sucede (…) es que en muchos casos diputados y diputadas presentan intereses porque por declaraciones juradas son locadores de inmuebles, tienen una colección de departamentos en alquiler y participan del negocio inmobiliario”.
Por último, el entrevistado subrayó que “Ley de Alquileres es motivo de estudio en todo el mundo, es de avanzada. En nuestro país implicó subir un año, cuando en otros países los contratos son de 5, 7 a 10 años. Tres años de bastardeo de la Ley para volver a 2 años” por lo tanto, aseguró que “lo que estamos discutiendo es la antesala de un proceso de flexibilización y de ajuste en la Argentina”.
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