En declaraciones a Napalm, por Radio Provincia AM1270, afirmó que tras la caída de la dictadura de Augusto Pinochet que derrocó hace hoy 50 años al gobierno socialista de Salvador Allende hubo tres grandes periodos en los que se impulsó juicios para condenar a los represores chilenos.
El abogado querellante manifestó que “la primera fase fue en los años 90, cuando aún era muy difícil intentar cualquier tipo de justicia” debido a que “todos los jueces de los tribunales superiores los había nombrado la dictadura, había justicia militar, y eran muy pocos los casos que pudieron investigarse”, producto de que “era la última época de la dictadura y no estaban cubiertos por la prescripción”.
En tanto, Francisco Bustos indicó que “después de la detención de Pinochet se inició un período de investigaciones que fue mucho más intenso y, en esa misma época, hubo una recepción mucho más importante del derecho internacional”. Seguido, repasó que “en 2006, la Corte Suprema dictó una sentencia que señaló que se trataba de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son inadmistiables e imprescriptibles”. En ese momento –dijo- comenzó a investigarse “la mayoría de los crímenes ligados a la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), como la Operación Cóndor, Villa Grimaldi, la Operación Colombo, etcétera”.
Según el abogado, la tercera etapa de juicios contra los represores de la dictadura chilena “se produjo entre el 2009 y el 2011, cuando organizaciones de la sociedad civil como la Agrupación de Ejecutados Políticos, con la campaña Impunidad Jamás, presentó más de 1.350 querellas por víctimas que están reconocidas en informes por la Verdad, por las cuales no había habido ningún tipo de investigación”.
Bustos precisó que “hasta la fecha han concluido y se han dictado sentencias en más de 580 procesos por crímenes de lesa humanidad”, juicios por los que “hay centenares de represores cumpliendo condena”.