En ese marco, la presidenta de Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada aludió a la demanda presentada por la entidad y los diputados Juliana di Tullio, Rodolfo Tailhade y Diana Beatriz Conti en diciembre de 2016: “Nosotros pedimos la nulidad del decreto 1206/16 porque el presidente de la Nación, puede reglamentar según el artículo 99 las leyes para su mejor ejercicio pero no puede cambiar el espíritu de la ley”.
Asimismo, remarcó que la modificación de la legislación “era extremadamente violatorio de la Constitución Nacional” y por lo tanto “denunciamos ante Naciones Unidas la cooptación del Poder Judicial”.
En este sentido, adelantó que “a partir de ahora queda en manos de la AFIP investigar cuáles fueron los familiares, qué funcionarios blanquearon en ese período y determinar los impuestos que tienen que pagar con multa más los intereses por no haber pagado en ese momento”. Además de “rendir cuentas de ese dinero, de a dónde lo sacaron”.
Por último, Zabala Borgeaud recordó que “esta ley de blanqueo se origina por los Panamá Papers en ese momento, donde el mismo presidente Mauricio Macri estaba involucrado, el candidato a gobernador (de la Provincia) Néstor Grindetti y muchos nombres de ese mismo sector”.
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