En ese marco, la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) detalló que la iniciativa “tiene aristas sumamente delicadas como la orden de utilizar la fuerza directa por parte de las fuerzas federales más allá de que haya o no intervención judicial”.
En segundo lugar, “la orden de recabar información, imágenes y vídeos para registrar y constatar identidad de personas, organizaciones y vehículos para volcarlos a un registro en el propio ministerio de Seguridad”. Al respecto, Verdú apuntó que “no es otra cosa que la construcción oficial de una lista negra”.
Asimismo, “la amenaza de sanción a madres o padres que concurran” a marchas “con sus niños o niñas” y el amedrentamiento “de no solamente hacer lo que ya viene haciendo la ciudad de Buenos Aires” que implica “demandar por daños y perjuicios a personas que se movilizan, padres o madres de estudiantes que defienden la educación pública sino además se mandarán las facturas con el costo del operativo policial”.
Escuchá la entrevista: