María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dialogó con Todo Este Ruido por Radio Provincia sobre los alcances de la Ley ómnibus y su reforma al Código Penal respecto de lo cual dijo que “legitima el gatillo fácil. Ya lo habíamos vivido con la doctrina Chocobar, que habilitaba ante alguna sospecha el disparo por la espalda e impedir a la familia querellar e investigar lo sucedido. Quita el derecho consagrado en la legislación nacional y la historia de la defensa de los derechos democráticos y la Convención de los DD. HH”.
En la misma línea, recordó la detención de Walter Bulacio en manos de la represión policial. “Si la causa se mantuvo abierta, hasta tener juicio oral, 23 años fue porque hubo una querella”, indicó. Y agregó que con la aplicación de la ley “vamos a tener tres veces más casos” de violencia policial y “nos devuelve a una etapa pre Beccaría, un señor que explicaba que las víctimas y las familias tenían derecho al acceso a la jurisdicción”.
Consultada sobre el cómo podrían manejarse las fuerzas de seguridad en las calles de concretarse dicha ley, expresó que “las fuerzas de seguridad es el brazo armado, no quien tomas las decisiones. Y dependerá de cómo se administra la potencia represiva del Estado. Por ejemplo, durante la doctrina Chocobar se incrementó de manera exponencial la intervención de las fuerzas federales en los casos de gatillo fácil, durante eso años”.
“Durante la gestión de Sabina Frederic se derogaron eso protocolos e inmediatamente se produjo una baja de los casos de gatillo fácil. Desde el Ministerio de Seguridad derogaron estas resoluciones entonces los policías pensaron dos veces antes de disparar porque ya no tenía el aval del estado. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, se incrementó la política de mayor represión y en siete años le pasa el trapo a la policía bonaerense”, remarcó.
No obstante, sobre los cuidados que deben tener las personas que movilizan, indicó que “debe tenerse en cuenta el protocolo anti marcha, anti manifestación, el protocolo 947 que abarca las policías provinciales y la ciudad más las fuerzas federales y por último la Ley Ómnibus. En la realidad lo que sucede es que si un policía me viene a detener y me resisto eso se tipifica como resistencia a la autoridad y me procesan”.