María del Carmen Verdú, militante de CORREPI, conversó con La Mecha por Radio Provincia sobre la desición de la ministra Patricia Bullrich de retomar la resolución 956/2018, la cual habilita a las fuerzas federales a utilizar armas de fuego sin necesidad de dar la voz de alto. Y sobre esto, expresó que "a raíz de ella se incrementaron los casos de gatillo fácil a menos de estas fuerzas".
En tanto, recordó que cuando asumió la entonces ministra Sabina Frederick, y da de baja está resolución en diciembre de 2019, "bajaron en 35 casos la cantidad de muertes en mano de las fuerzas federales". Y agregó que "al derrapar la Ley Ómnibus lo que hace Bullrich es blanquear el fusilamiento policial y su total impunidad a través de esta resolución. Es gravísimo porque se nota un incremento de gatillo fácil en distritos dónde gobiernan aliados de este Gobierno".
Asimismo, señaló sobre el protocolo antipiquete que "esto viene a complementarlo y se aplica en cualquier caso haya o no manifestación y obstrucción del tránsito". Por ello, advirtió que se trata de "políticas represivas estatales con un disciplinamiento a los sectores que protestan, reclaman o hacen peticiones a las autoridades".
Verdú señaló que "estás políticas de Estado son avaladas e impulsadas" por el gobierno "e incluso se impide su investigación". Y agregó que "queda claro el impulso de este tipo de políticas represivas para el control social si no la decisión de impunidad que violenta la normativa nacional e internacional que Argentina está obligada a respetar". Por ello, resaltó que esta resolución "es de una gravedad inusitada".
Por último, afirmó que "impulsamos todas las acciones habidas y por haber frente a cada decisión del Gobierno que recorta derechos o representa un riesgo para la integridad física de las personas". Y comentó que "ayer denunciamos que el ministerio de Seguridad ha ordenado el uso de herramientas de tortura en el marco de movilizaciones y manifestaciones".