En diálogo con Mañana Es Mejor por Radio Provincia la secretaria general del gremio de docentes de escuelas privadas SADOP, Marina Jaureguiberry, reconoció que mantuvieron una reunión los sindicatos nucleados en la CGT quienes reclamaron la urgente convocatoria a paritarias nacionales y por la cual aún no “hemos obtenido respuestas”, lo que pone en peligro el comienzo de inicio de clases.
En este marco, indicó que “estamos madurando las acciones conjuntas en unidad para seguir y mañana definiremos si hay paro en los próximos días frente al inicio del ciclo lectivo”.
Jaureguiberry, aseguró que el comienzo de clases depende exclusivamente de la convocatoria del Gobierno Nacional a discutir paritarias porque “en la paritaria se fija el piso salarial docente para todo el país”. Seguido detalló que “el piso salarial docente que tenemos hoy vigente es de diciembre de 2023. Para un maestro inicial sin antigüedad de $250 mil. También necesitamos actualizar montos como el FONID y material didáctico. Lejos de esto desde el Gobierno se plantea que esos fondos nacionales no se van a girar y deja a suerte de cada provincia la definición de estas cuestiones desentendiendose de obligaciones determinadas por la ley de educación nacional”.
Seguido, destacó que “todo esto nos pone en un escenario donde los trabajadores de educación no sólo no estaríamos recibiendo un aumento del salario sino que es una baja del salario porque el Fonid, que representa entre un 10 y 20 % del salario así que todo responde a las cuestiones que tenemos desde el sector”.
Al ser consultada sobre la propuesta del Gobierno Nacional de declarar a la educación como “Servicio Esencial”, a través de un decreto afirmó que: “Es lamentable porque la incidencia ante la posibilidad de un paro nacional docente es frenar la lucha de las y los trabajadores. Durante la época de De La Rúa se intentó también y fracasó porque tuvimos el respaldo nacional y también internacional porque la educación no es un servicio esencial. Hay una ley que enumera los servicios esenciales y esto sería anticonstitucional”.
Por último, subrayó que “está claro, y aparece con contundencia, el crecimiento del nivel de conflictividad. Estamos frente a la pulverización del salario de los trabajadores, el aumento incontrolable de precios, la inflación del 20% de los últimos dos meses, aumenta la conflictividad. Las acciones que se llevan adelante son en protección y beneficio de los trabajadores y el pueblo en general”.