En diálogo con El repaso, explicó que la crisis “arranca cuando a fin de año cuando nos quedamos sin presidente, y luego con el Decreto 70/23 que le quita potestades al instituto, una de ellas es la des fijación de precio base para la materia prima que es una protección para todos los productores de hoja verde y los pequeños secaderos”.
Dicha medida establece condiciones para que los productores locales “puedan tener competencia con los grandes empresarios que tienen mucho poder económico”. Además, el decreto vigente dispuesto por Milei “le quita la potestad de registros al instituto, y esa es una de las cuestiones más importantes, porque se tienen datos muy precisos, cuantiosos y valiosos” ya que permite “conocer a los productores, la cantidad de kilos que producen, cómo venden, a quién, y eso es algo muy valorado en el sector” y a la vez, “regula desde la producción hasta el envase del paquete que se pone en la góndola”.
Hakclander comentó que el instituto que preside “se formó en 2002 por medio de protestas de los productores que por 10 años habíamos quedado desamparados. Con todo ese relevamiento, sabemos que hoy somos 13500 productores inscriptos y la cantidad de hectáreas son 222 mil, mientras que anteriormente existían entre 8500 y 900 productores, con 150 mil hectáreas relevadas.
“Por un convenio de corresponsabilidad gremial, cada kilo de hoja cosechada para los aportes patronales a los trabajadores rurales, y trabajan en blanco un 98% del personal, y eso es algo certificado”, subrayó. A este se suma que por ley fijaban el precio de la yerba dos veces al año, pero que por las medidas del gobierno nacional que “borró las atribuciones del instituto, no hay fijación de precios, y quedamos librados al azar, porque no hay un precio de base como referencia”.
Finalmente manifestó “va a pasar lo mismo que en los 90’ donde se favoreció la concentración económica, y donde el que tiene espalda va a poder resistir, pero la mayoría de los pequeños productores desaparecieron del sistema”.