El director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, sobre la causa penal que iniciaron actores sociales y personas afectadas por la falta de entrega de mercadería a comedores y espacios socio alimentarios para que el gobierno Nacional informe cómo va a repartir las 5 toneladas de alimentos que tiene retenidos.
Al respecto, el letrado detalló que desde el mes de diciembre hay suspensión de entrega de mercaderías a comedores y espacios socio comunitarios y a partir de eso “decidimos presentar en distintos momentos de enero y febrero notas y en febrero presentamos una acción de amparo colectivo con medida cautelar”,
Seguido,agregó que la justicia Contenciosa Administrativa pensó en un momento que era una cuestión alimentaria que le correspondía al fuero de la Seguridad Social y finalmente el juez Lara Correa, decidió darle curso a la acción de amparo y por eso convocó a las personas y organizaciones afectadas a que se presenten a explicar cuál es la situación y se conforme un panorama.
Detalló que el Juez Casanello, reclamó información precisa sobre qué pasó con esa política pública de entrega de alimentos y utensilios porque es una política institucional que se realiza desde 2004 y que se haya suspendido sin alternativa tiene impacto en la alimentación de muchos sectores de la sociedad.
Al respecto, Morales indicó que “se están suspendiendo los derechos de la sociedad a recibir un refuerzo alimentario y a familias que a partir de estos refuerzos se pueden ir organizando”.
Al referirse a estándares sobre derechos humanos, explicó que hay dos problemas muy serios, ya que “no existe como alternativa suspender un programa de estas características. Eso está prohibido por el pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y otra cosa que está en juego es el derecho a la alimentación y la posibilidad de subsistencia de vastos sectores y la Constitución dice que tienen prioridad. Son sectores que la están pasando mal por las condiciones económicas, la inflación y alternativas para acceder a ingresos, sino que la pasan mal porque el Estado les ha suspendido la comida. Son temas muy sensibles para el derecho internacional de los Derechos Humanos sobre todo las cuestiones vinculadas a Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Por otra parte, dijo que el Gobierno transita un proceso deliberado de “estigmatización” de organizaciones sociales. Al mismo tiempo, existe un registro nacional voluntario de comedores populares en función de las necesidades de distribución de comidas y ese registro está construido en función de las necesidades de los últimos años entonces es bastante falsa esta idea que ahí no existió un comedor. “Estigmatizar que los comedores son falsos o no existen, profundiza este proceso de estigmatización”.