El abogado constitucionalista, Gil Domínguez, en diálogo con “Es un Montón”, por Radio Provincia 1270, habló sobre los alcances y el impacto que pueden tener las “facultades delegadas” aprobada por el Senado ayer, y que puede utilizar el presidente Javier Milei en el corto plazo.
Al respecto el letrado, detalló que la facultad legislativa es un instituto que está en la Constitución Nacional para que un presidente, en un determinado plazo y para superar una situación de emergencia o para darle más eficiencia a ciertas materia de la administración pública central.
Aclaró que “quienes estamos en este rubro siempre sostenemos que para que sea constitucional las bases tienen que ser precisas, concretas, determinadas y conectadas con la situación de emergencia que se plantea”, sin embargo, resaltó que las bases de ayer “son tan imprecisas, tan indeterminadas que le permiten al presidente Milei, hacer lo que quiera en relación al orden socioeconómico vinculado al rol del Estado y puede hacer una reforma constitucional encubierta y reformular el orden socioeconómico que tiene al Estado como un elemento central en la regulación de los mercados, en la protección de los sectores más vulnerable y en el cuidado de bienes y servicios para garantía de las personas”.
Seguido, aseveró que Milei, “puede a través de estos decretos delegados reformular todo este orden socioeconómico, que es lo que se ha propuesto hacer a través del Decreto 70/2023 y la Ley Bases, por una reforma constitucional”.
Subrayó que “al topo le dieron las herramientas para que haga una reforma constitucional encubierta. Le han dado esa posibilidad”, confirmó.
Al mismo tiempo, Gil Domínguez, indicó que la Cámara de Senadores “le habilitó en el marco de un año todo lo que ayer no se votó o que se modificó porque lo hace a través de un decreto delegado que tiene la fuerza de una ley”.
Al ser consultado sobre las privatizaciones, el especialista reveló que se le dieron facultades legislativas para modificar el Estado y podría decir que en “pos de mejorar el funcionamiento del Estado para obtener el bien común podría hacerlo”. Al referirse al control indicó que tiene el mismo proceso que un DNU “comunicar al Congreso pasar por una Bicameral e ir a ambas cámaras para que se trate de inmediato”, y aclaró que “desde 1994 a la fecha que se incorporaron los DNU nunca hubo rechazos. Hubo rechazos parciales. Es un control que está en la CN pero es inocuo y la Corte Suprema de Justicia sostiene que sólo se pueden voltear estos decretos si afectan en forma directa e inmediata el daño. La justicia no lo tramita y rechaza estos casos”.