Tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli de concentrar a todos los detenidos producto de la movilización a la plaza de los Dos Congresos, el CELS y organizaciones de DDHH brindarán una conferencia de prensa a las 15 hs.
Este miércoles, en la zona del palacio legislativo, el accionar de las 5 fuerzas de seguridad dejó más de 30 detenidos que hoy se encuentran acusados de sedición, tras participar de la concentración contra la Ley Bases.
En contacto con “Es un Montón”, por Radio Provincia, Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad, Democracia y Violencia del Centro de Estudios Legales y Sociales repasó el operativo de seguridad montado por el ministerio de Seguridad de la Nación y el posterior accionar de la justicia, tras la represión en la plaza de los Dos Congreso y pidió “desescalar ya” la situación de las más de 30 personas que desde el miércoles se encuentra privadas de la libertad.
En ese marco, explicó que “el primer día de la protesta teníamos una serie de detenidos por la policía de la ciudad, y otros por la Policía Federal. Los primeros fueron a parar bajo la órbita de la justicia local. Y los segundos fueron directamente a la justicia federal”.
Luego, “CABA se declaró inhibida y entonces efectivamente le cede a la justicia y al fuero federal la investigación de todos estos casos” agregó Darraidou y por ello “lo que está pidiendo el fiscal federal (Carlos) Stronelli es que se envíen bajo su órbita a los detenidos por la policía de la ciudad que estaban acusados de delitos menores”.
Seguido, estimó: “es gravísimo pensar que hay un fiscal federal que está tomando esa posición” y afirmó: “ahora nos encontramos en esta situación que yo creo que hay que desescalar. No hay que pensar en términos de condena y si en que no puede darse una imputación así; porque vimos las escenas, está en las redes sociales”.
“Estamos hablamos de prisión preventiva para ver si hay incitación a la violencia y si esta fue organizada. Esto hay que desescalarlo ya” porque a los detenidos se “los investiga por una serie de delitos que son muy graves como lesiones, daños simples y agravados, delitos contra la seguridad pública, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones” presentando como prueba únicamente “tres notas periodísticas que citan posicionamientos y comunicados del Gobierno nacional”.
Y por ello denunció que “desde el comienzo de la gestión Milei y con Patricia Bullrich frente al ministerio de Seguridad son muchísimas las batallas que presenta el oficialismo contra el derecho a la protesta” y destacó que esta alianza entre el accionar de la fuerzas de seguridad y la justicia “la Corte Interamericana de DDHH la tiene desarrollado y se llama “chilling effect” y significa “amedrentar o provocar temor para que en la próxima, la gente no se exponga en una protesta”.
“Toda esta narrativa, persecución, represión policial y criminalización judicial efectivamente funciona con ese norte. Y es tan así que la Comisión Interamericana de DDHH lo tiene expresado. Amedrentar es una clara herramienta para obstaculizar el derecho a la protesta", concluyó.