Gustavo Palmieri conversó esta mañana con Napalm por Radio Provincia sobre las detenciones y la represión a los manifestantes durante el tratamiento de la Ley Bases y al respecto sostuvo que "lo primero que hicimos fue solicitar información sobre cómo iba a desarrollarse el operativo a modo de prevención, pero el Gobierno de la ciudad como el Nacional no respondieron cuando salen hacerlo en otros casos. Luego, monitoreamos el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y nos llamó la atención el desalojo de la marcha cuando no había ocurrido ningún tipo de incidente".
En la misma línea, comentó que "el desalojo fue violento en la mayoría de la manifestación". Tras esa situación, "comienzan los incidentes, por lo que, acudimos a otros mecanismos y organizaciones para ver la situación de las personas detenidas. El relato de malos tratos y golpes se concentró al momento de la detención. También, hubo quejas sobre maltrato en los servicios penitenciarios y un abuso en el uso de las armas letales y camiones hidrantes. Son cerca de 200 personas las que sufrieron lesiones. Es una situación grave para una protesta. La situación fue exagerada y fuera de toda legalidad y, según los fallos de la Jueza María Servini de Cubría, no existieron elementos que justificaran las detenciones y el encarcelamiento posterior".
Consultado sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en la marcha, señaló que "la ciudad tiene la obligación de no portar armas por normativa y a modo de prevención. Pero, las Fuerzas Federales justifican que las portan y no las usan". Sin embargo, remarcó que "se notó que hubo diferentes procederes entre las fuerzas en las diferentes manifestaciones. La Policía Federal es más provocadora. Acá se notó que el fin era dispersar, algo que no estaba permitido, así como tampoco lo estaba cierto uso de armamento porque no había ningún bien a proteger".
No obstante, señaló que las detenciones fueron al "tun tun" y que de "35 personas detenidas, 2 estan acusados de robo y 28 no tienen mérito alguno. Por lo que, la situación en términos de amenaza a los manifestantes fue muy fuerte y la Justicia debería establecer una respuesta clara para las instituciones de seguridad y ver cómo sancionar a los judiciales que abusaron de su poder. Es la forma más clara de defender a los manifestantes porque las fuerzas de seguridad dispersaron una manifestación cuando no había motivo, lo hicieron de forma violento, con detenciones sin ninguna causa".
Por último, reconoció que "exigir que el Estado sea serio cuando tiene que juzgar cualquier vulneración a la ley por parte de los ciudadanos vale para los funcionarios también. La investigación se debe llevar de modo tal que se pueda comprobar cada una de las situaciones. Hay una parte que tiene que ver con dar una orden para una represión ilegal y otra no haber controlado suficientemente la situación cuando se veía que era ilegal la represión. En ambos casos hay un incumplimiento. Pedimos las revisiones administrativas y judiciales, pero no hay mayores respuestas".