El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martin Mena, habló con “Napalm”, por Radio Provincia 1270 sobre el comienzo del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, el 1 de septiembre de 2022, y la denuncia pública que realizó a través de redes sociales del accionar de la justicia y los medios para que no se esclarezca el caso.
En primera instancia, el Ministro bonaerense destacó que en el inicio de este juicio “se está juzgando lo obvio”, al mismo tiempo que remarcó que “lo más grave es lo que no se investigó y no se está juzgando”.
Sobre Sabag Montiel, indicó que “es un psicópata criminal, que ratificó su intención de matar, con un esfuerzo por mejorar la situación de algunos compañeros de causa, y aclaró que no recibió financiamiento”. Agregó que lo de ayer “no dejó de ser una indagatoria donde el acusado puede decir lo que quiera, incluso mentir, porque las pruebas están a la vista”.
Mena, ratificó que “lo más grave es lo que quedó por fuera”, y que es parte de la denuncia pública que realizó. En ese sentido, reveló que una de las cuestiones que no se investigó es que en mayo de 2023 una de las secretarias de Gerardo Milman declaró que “ella, Milman y otra colega fueron citados en noviembre de 2022 en las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de todos”, y denunció que “la jueza y el fiscal decidieron no investigarlo”.
Al mismo tiempo, subrayó que ese perito informático esta semana fue designado director de Tecnología de Información del ministerio de Seguridad de la Nación, y agregó que “la gravedad a lo que estamos asistiendo respecto de encubrimientos y la no investigación del caso, así como la falta de respuestas al atentado, tiene que ver con el encubrimiento y la protección; porque para que jueces y fiscales lleven una investigación así es porque se sienten bien protegidos que no van a tener ninguna consecuencia".
Al ser consultado sobre los celulares de Milman, indicó que “siguen sin examinarse”, algo que debería realizarse de todas formas. Agregó que “esta Cámara, es insospechada de querer favorecer a Cristina. Sin embargo, está avalando lo que ocurre con la investigación y mantiene separadas las causas sobre el rol de estas pseudo agrupaciones como Revolución Federal y Nueva Centro Derecha, en una costumbre histórica de un sector de Comodoro Py de partir las investigaciones en pedacitos para no hacer el análisis completo de la situación”.
Seguido, destacó que la investigación de la jueza María Eugenia Capuchetti "es tan escandalosa como irregular, algo que no lo vi nunca como abogado penalista", por cuanto "3 veces se le tuvo que corregir la prueba. Las Cámaras no revisan cuestiones de prueba sino de derecho y particularmente con Gerardo Milman “se negó a avanzar en esa línea de investigación”.
Luego, remarcó que “la justicia esperó todo lo que pudo, esperó que lo sepa Milman, y meses después le ordenó que entregue sus teléfonos. El contenido de los celulares de Milman y sus secretarias estaba completamente borrado”, y amplió: “Es más, entregó un modelo de teléfono que salió a la venta 2 meses después del atentado. A la jueza ni siquiera la ofende que le tomen el pelo como autoridad judicial porque es parte”, y se preguntó “vaya a saber qué están protegiendo”.
En este sentido, significó: “Sin especular más sobre el contenido de esos teléfonos, de mínima están encubriendo un magnicidio” y así se llega a este juicio, aseveró.
Posteriormente planteó que “el silenciamiento tiene que ver con la estrategia judicial de no investigar absolutamente nada para que no se hable”.
Al referirse al financiamiento y los vínculos de la familia Caputo con los integrantes de Revolución Federal, reveló que “las organizaciones tenían otro fines que no tenían nada que ver con la militancia política. Está comprobado que Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, “recibió decenas de millones de pesos de Caputo Hnos.”, por trabajos de carpintería cuando se comprueba que Morel no era carpintero.
En tal sentido, describió que Roxana Caputo contrató a Morel para que realizara trabajos de carpintería y éste “emite la factura 001 para cobrar el trabajo de los Caputo. Como obviamente no le alcanza, se inscribe en el monotributo a su hermana y una amiga, y todos inmediatamente cobran decenas de millones de pesos que retiran en efectivo ni bien se los depositan". Por esa situación, "se citó a declarar al gerente de compras de Caputo Hnos. y testimonió que era la primera vez que lo corrían de un proyecto porque Roxana Caputo no trabaja en la empresa y no pudo explicar por qué lo habían apartado, y “todo eso no se investigó, pese a que el último depósito que recibió Morel fue dos días antes del atentado”. Más tarde, amplió que “al día de hoy ningún Caputo fue citado a prestar declaración indagatoria para explicar por qué financiaron a esa agrupación de ese modo. Es todo absolutamente inexplicable y en esta tenaza de un sector de la justicia federal y los grandes medios de comunicación llegamos al juicio contra Sabag Montiel, el autor material que está filmando apuntándole y gatillando sobre la cabeza de contra Cristina Fernández”.
Mena, nuevamente, destacó que en este caso “las vinculaciones son innegables” y apuntó contra el jefe de Gabinete Francos y la ministra Bullrich, ”que debe muchísimas explicaciones en este caso", porque "acaban de designar al director de Tecnología de Investigación de Seguridad a un tipo que está sospechado de haberse encargado de eliminar pruebas en esta investigación. Las vinculaciones de Bullrich, Macri y este gobierno son evidentes, están confesas y probadas lo hace falta es darle una explicación a todo esto y lo tiene que hacer la justicia Argentina”, enfatizó.
En otro aspecto, Mena, reveló que “ya hay denuncias internacionales con todo esto y que los abogados de Cristina, van a seguir insistiendo en estas las instancias. Hay denuncias a la relatoría especial de la ONU, al Comité de DDHH de Naciones Unidas. Además reveló que llegó al Consejo de la Magistratura una consulta del relator respecto la situación de independencia judicial y la imparcialidad de la justicia frente a los poderes económicos en Argentina fruto de todo lo que venimos denunciando. Obviamente las instancias internacionales tienen tiempos complejos pero vamos a insistir”.
Al mismo tiempo, indicó que se discute a nivel institucional la justicia Argentina con “altos niveles de fracaso”, ya que “la situación de la justicia Argentina y el consejo de la magistratura, Capuchetti hace lo que hace porque sabe que no hay quién revise sus tareas, porque el Consejo de la Magistratura, que tomaron por asalto en esta estrategia de manoseo de la justicia, funcionando Capuchetti no puede ser jueza. Es inadmisible que sea jueza” y denunció que “hay mantos de coberturas y blindajes que son complejos y amplios por partes de estamentos judiciales y sectores poderosos de medios de comunicación, el bloqueo y asalto institucional sobre el Consejo para que no funcione”.
Seguido, denunció que Rosatti que preside el Consejo de la Magistratura está dando el blindaje para que desde la Cámara Federal se controle a los 12 jueces y destacó que “al otro día del atentado se destruye el celular de Sabag Montiel, estando en manos del juzgado federal N°5 a cargo de María Eugenia Capuchetti y el sobre con el celular llega abierto. Dentro del propio juzgado violan la cadena de custodia esas son las primeras 24 hs. de investigación de un atentado de un magnicidio (...) en un país más o menos normal sería un escándalo y rodarían cabezas. Nosotros seguiremos en el camino de insistir en la búsqueda de poder llegar a una Argentina un poquito más normal, un país más serio donde las instituciones funcionen y que se hagan cargo y se adjudiquen las responsabilidades de todos los que están participando en todo esto”.
Por último, dijo que hay otra línea de investigación que jamás avanzaron que es el caso de la vecina de Cristina Fernández, y que forma parte de otra parte de la investigación sobre la que no indagan: “Hay constancia que la vecina hacía ingresar a su departamento a personas que están siendo investigadas, paseaban por el edificio personas que recibieron financiamiento. Todas las situaciones tienen que ser explicadas y si no son investigadas terminan sin ninguna prueba. Nadie sabe qué pasó y eso es tarea de la justicia, ahora la prueba que hay es altamente sospechosa que acá falta muchísimo por investigar. Ese es el reclamo más importante y la estrategia del juzgado y la fiscalía es partir la investigación para no investigar nunca”.
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