El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, habló sobre el proyecto que presentó el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ese sentido, el funcionario fue contundente y dijo que “la ley de Menores nacional necesita cambios", pero aclaró que "bajar la edad de imputabilidad por sí mismo no va a lograr nada”.
En diálogo con “Es un Montón”, por Radio Provincia 1270, Alonso aseveró que “la provincia de Buenos Aires tiene una ley que habla del Régimen Penal Juvenil. Es una ley más avanzada que la legislación nacional. La ley de Menores nacional está vigente desde la dictadura, un decreto-ley de Videla, y necesita cambios pero bajar la edad por sí mismo no va a resolver nada”.
Al mismo tiempo, destacó: "Tenemos que llegar a los jóvenes antes que inicien esas trayectorias delictivas", y detalló que "hay 5,2 millones de alumnos en las escuelas, pibes y pibas menores de 16 años. La policía aprende a unos 5.500 menores de 18 años, vinculados a temas delictivos por año. Muchas veces son atrapados con armas de fuego, robando motos y siendo parte de una organización con adultos. Están en un recorrido muy violento donde hay una construcción de una identidad violenta que provienen de familias que no se pueden hacer cargo de la crianza, por situaciones de consumo, que fueron abusados, hacen trayectorias educativas disruptivas hasta que terminan ranchado con adultos y más allá de la edad tenemos que cortar ese circuito y eso es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires”.
Seguido, destacó que “cuando un menor es detenido tras cometer un delito grave, la justicia de menores, no importa la edad que tenga, lo encierra en un instituto de menores de máxima seguridad”. Reveló que "depende de la sentencia puede recibir otro tipo de tratamiento como es una vigilancia morigerado en un centro de referencia.
Al mismo tiempo indicó que “estamos trabajando con los intendentes para que los menores de 16 años que cometen delitos que no son graves, hacer un seguimiento, vincularlos a programas preventivos para que no vuelvan a delinquir”. Sin embargo, remarcó que cada vez que se detiene un menor se realizan “actas circunstanciadas”, con detalles que se elevan al fiscal y al juez del caso, al servicio local y a niñez así se trabaja el tema.
Al ser consultado sobre la modalidad delictiva y la injerencia de los menores, el ministro afirmó que “el problema está, igual que en los adultos, lo que tenemos que discutir es qué va a hacer el Estado con esta situación. Nosotros detemos menores y muchas veces la fiscalía los devuelve a la familia. Nosotros tenemos que ofrecerles alternativas para que reciban un tratamiento y tenemos que darles un tratamiento distinto al de un adulto”.
Aseveró que “en la Provincia no es un problema porque si un menor comete un delito grave termina encerrado en un instituto. Lo que tenemos que hacer es evitar que ese menor llegue a matar”.
Destacó que "la Provincia tiene mucho material y estadísticas y se construye información de análisis criminal y ante los 5 millones de menores que hay es 'ínfima' la proporción que delinque". Por lo tanto, convocó a destinar "la energía en trabajar con alertas tempranas con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con la Justicia y los gobiernos locales en los barrios".
Por último, al ser consultado sobre el "Caso Loan”, el funcionario dijo que "lo tiene que encontrar el Estado", pero para eso "tiene que ser un Estado efectivo, racional y no puede ser un Estado bobo”. Agregó que "para poder ayudar a una familia que está en una situación crítica y de vulnerabilidad tiene que haber un Estado presente. Frente a toda esta impotencia y un pueblo que está reclamando es el Estado el que tiene que resolver esta situación. Para saber quién hace las cosas y que pague hay que tener financiamiento”