En declaraciones a Napalm, por Radio Provincia AM1270, consideró que “es una barbaridad que la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia se lleve adelante por un DNU”, debido a que las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia “fueron sancionadas en distintos gobiernos y formaron parte del pacto democrático que hemos construido desde 1983 en adelante”.
El legislador nacional señaló que se trata de normas “fundacionales” por cuanto “hacen a 3 áreas muy sensibles para la vida, los derechos y las garantías de los ciudadanos”. Por lo tanto, recordó que fueron iniciativas que “siempre son tratadas por el Parlamento, en Argentina y en el mundo”, porque “es el punto de partida del control democrático”.
Moreau cuestionó que “en un país en el que el Presidente dice que ‘no hay plata’, de la noche a la mañana se amplían las partidas (para gastos de carácter reservados) a Inteligencia en $100 mil millones”, de manera que, en su regreso, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contará para este 2024 con alrededor de $160 mil millones. Asimismo, el dirigente radical señaló que la maniobra “se hace en violación de la Ley de Administración Financiera, que dice que la asignación de fondos reservados para el Sistema de Inteligencia es solo facultad del Congreso”, motivo por el cual “este Decreto puede ser impugnado en la Comisión de Seguimiento de los DNU”.
Para el entrevistado “hay muchísimas cosas muy objetables en este DNU, como la vuelta de la relación entre Inteligencia y Poder Judicial”. Recordó que ese vínculo “fue un maridaje nefasto para la democracia, ya que fue el huevo de la serpiente de la persecución política por parte de los organismos de inteligencia o de gobiernos de turno que querían desacreditar o sacar de la carrera a opositores”, así como “neutralizar el accionar de sindicatos o movimientos sociales”. Luego, indicó que “el gobierno anterior había prohibido esta relación porque la inteligencia no está hecha para investigar, prevenir ni reprimir”. Además, desestimó la propuesta para crear una Fiscalía de Inteligencia, lo cual calificó de “un disparate que el Procurador General rechazó”.
El diputado cree que los recursos asignados hoy serán destinados “para dotar de instrumentos tecnológicos a la Agencia Federal de Ciberseguridad, incluyendo inteligencia artificial. Es una tecnología que tiene un alcance ilimitado y si no es suficientemente controlado puede servir como estructura de poder para manipular a la opinión pública”.
Por último, alertó que “la Comisión Bicameral de Inteligencia no estuvo constituida durante 7 meses y ahora les agarró el apuro para hacerlo, pero sin respetar la escala de mayorías y minorías en la Comisión”. En tal sentido, lamentó que “se quieren quedar con la Comisión excluyendo a UxP y otros sectores políticos porque es la última barrera de control democrático sobre los servicios de inteligencia”.