En declaraciones a Napalm, por Radio Provincia AM1270, lamentó que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sabrina Ajmechet, empezó la audiencia convocada para analizar la visita de legisladores de LLA a represores alojados en el penal de Ezeiza con “intervenciones provocadoras hacia los diputados de la oposición y los representantes de los organismos que fuimos convocados para presentar nuestras solicitudes en relación con este tema”.
De todos modos, la integrante de la comisión directiva del CELS valoró que “lo más importante es que la reunión se pudo hacer y fuimos escuchados”. Seguido, admitió que “sentía como si estuviéramos de nuevo en la CONADEP porque la mayor parte de las personas que hablaron son familiares de víctimas que volvieron a relatar sus historias, casi como una especie de pedagogía hacia los diputados sobre lo que pasó en la Argentina durante el terrorismo de Estado”.
Torras reveló que durante el encuentro “hubo un pedido unánime para que la Cámara de Diputados asumiera su responsabilidad en relación con este tema” y que “marcara un fuerte repudio a la visita, aplicara algún tipo de sanción a los legisladores y habilitara una investigación sobre lo que pasó”.
La directora ejecutiva de Memoria Abierta informó que “esperábamos que inmediatamente después de que terminara esta convocatoria, empezara la sesión en la que se tenía que discutir esto, pero lamentablemente se cayó” porque el bloque de Miguel Ángel Pichetto resolvió no dar quórum. “Fue una frustración porque la reunión en la Comisión había sido fuerte y tenía el objetivo de generar un impacto político en la sesión”, lamentó, aunque adelantó que “el martes de la próxima semana está convocada una sesión de nuevo y ahí estaremos para insistir con este tema”.
La militante de DD.HH. enfatizó que “la visita a los represores no fue un hecho aislado, sino que se puede leer en una secuencia”. En tal sentido, denunció que “va en sintonía con la decisión del gobierno nacional de desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Sin embargo, valoró el hecho de que “el conocimiento público del caso generó una suerte de escándalo social y, lamentablemente, en menor medida político”.
A su vez, afirmó que “quedan muchos interrogantes sobre esta cuestión, por lo que es muy importante que se conforme una comisión investigadora”, pese a que “el trabajo de Luciana Bertoia está permitiendo dilucidar muchas cosas, aportando información que nos permite colocar este hecho en una serie de actos preparatorios hacia un objetivo de impunidad muy claro”. Asimismo, enfatizó que “el silencio de la Vicepresidenta de la Nación resulta estridente”.
Torras sostuvo que “va quedando claro para qué fue esta reunión, porque van surgiendo borradores de proyectos que se discutieron sobre la prisión domiciliaria de los condenados, reformas procesales para morigerar sus condiciones de detención o de cumplimiento de la pena, y eventualmente la posibilidad de un indulto”. Paralelamente, planteó que “nos falta información sobre quién filtró esta reunión, a quién le resulta funcional en términos de la interna de la LLA”, por cuanto “sabemos que funcionarios del gobierno fueron previamente a realizar visitas de este mismo tenor y que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hicieron declaraciones que van en el sentido de los proyectos que circulan”.