A través de un decreto el Gobierno Nacional dio un paso más en el desmembramiento y desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), se trata de la unidad de investigación que busca a los niños y las niñas robados durante la dictadura.
En diálogo con “Napalm”, por Radio Provincia de Buenos Aires, María Roqueta, presidenta del tribunal que Juzgó el robo de bebés durante la última dictadura cívico militar en el país dio detalle sobre el desfinanciamiento y desarme del Gobierno Nacional de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y en particular de la Unidad de Investigación que buscaba niños y niñas robados durante la última dictadura cívico militar.
Al referirse a este tema sostuvo que “me impactó”, la publicación sobre la disolución de la CONDIP “y no es nada agradable porque es una asignatura tan pendiente del Estado argentino encontrar a los niños y niñas que fueron apropiados durante la dictadura”.
Remarcó que el decreto del 2004 permitía un trabajo “muy serio”, donde no ha habido inconvenientes, inclusive se trata de una herramienta auxiliar de la justicia.
Remarcó que “es lamentable y repudiable porque son temas muy delicados y fuertes dentro de la sociedad argentina”.
En este mismo sentido, aseveró que la disolución de la Comisión “es lamentable y provocador porque genera violencia en la sociedad por las palabras tan crueles que utilizan”.
Al referirse al impacto que genera en las víctimas, Roqueta indicó que “los nietos son la prueba en los juicios porque son los que fueron apropiados y siempre el Estado alguna manera fue acompañando. En estos temas nunca hubo tantos retrocesos”.
En los juicios de Obediencia debida y Punto Final “nunca hubo ningún tipo de perdón y siempre se avanzó. Todo siempre fue para adelante buscando verdad, justicia y sin perder la memoria”.
Por otra parte, aseveró que para el Gobierno Nacional “es una señal provocativa. Es una partida presupuestaria, en una planilla, que no sabemos a dónde va a ir a parar. Es manosear los sentimientos y el acompañamiento que el Estado tiene que tener en este tema”.
En otro aspecto, subrayó que la propia Corte Suprema ha dictaminado que los delitos de Lesa Humanidad, las violaciones a los derechos humanos y el indulto a los genocidas es “inconstitucional”, son temas que “no se pueden tomar a las corridas”.
Al ser consultada sobre si la justicia puede actuar para que se conserve las investigaciones detalló que “toda la información se ha guardado y se sigue cuidando porque son pruebas pero tal vez sí conviene hacer la preservación de la documentación, al menos en Capital Federal”.