En diálogo con El Repaso, consultado respecto a qué ocurriría si ante la posibilidad de que los legisladores de la cámara alta no den lugar al decreto de necesidad y urgencia que dispone 100 mil millones de pesos en gastos reservados para la SIDE ya fueron gastados, el letrado respondió que “la Constitución Argentina en su artículo 93.3 es clara, precisa y concreta: el decreto es nulo de nulidad absoluta”.
En ese sentido explicó que “si esos fondos se ejecutaron, al ser rechazado el DNU pasan a ser públicos” por lo cual “de esta manera, cualquier persona tiene derecho a conocer en dónde se ejecutaron y aplicaron”. Seguido aclaró que “obviamente, si se utilizaron para tareas de inteligencia, no van a establecer con nombre y apellido dónde estuvieron determinados, pero sí para qué operación y para qué situación de aplicaron”.
Finalmente, indicó que “si se demuestra que estos fondos se utilizaron para cuestiones que no tiene que ver con la inteligencia deberán dar explicaciones ante la justicia”