El letrado se refirió al intento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que se deje sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el AMBA por dos semanas.
Camino explicó que “los Decretos de Necesidad y Urgencia son una figura que está prevista en la Constitución Nacional, con un procedimiento político de control que requiere la intervención del congreso para expedirse sobre el decreto. La gran mayoría de los decretos del año pasado fueron convalidados por el congreso de manera expresa, este sería el Decreto de la Discordia porque Todavía no recibió convalidación del ámbito legislativo”.
Respecto a la acción judicial del gobierno porteño opinó que “la judicialización de la política es problemática porque se afecta la gobernabilidad si las decisiones de los gobiernos quedan pendientes de ser confirmadas por un tribunal” y que “se judicializa la política cuando la política misma no logra ser el ámbito de resolución y cierre de conflictos. En otras épocas la justicia no trataba temas políticos, eso cambió en los últimos 25 años”.