En ese sentido, subrayó que para el caso particular de la electricidad en la Provincia, “hay un marco normativo desde principios de la década del 90’ que tiene, entre sus principales funciones, marcar ese control y evitar que las cooperativas o las prestadoras pongan cargos indebidos,y a la vez autorizar, siempre que esté afín a la norma, la regulación a hacerlo cuando corresponde”.
Seguido puntualizó que “particularmente el caso de las tasas de alumbrado público tiene una ley especial de la Legislatura bonaerense que permite incluirla en las facturas” y recordó que “la distribución de energía eléctrica es federal, y las provincias son las que regulan la parte del sistema energético. Por ende, no hay una resolución de la secretaría de la nación que pudiese ir en contra de lo que dicte una ley provincial”.
Luego sostuvo que el organismo que conduce “sale a zanjar diferencias cuando hay algún usuario que entiende que hay algo que no tiene que ir en la factura, y si tiene razón, por supuesto que a la prestadora, ya sea cooperativa o distribuidora provincial, se le dice que tiene que cambiar la forma de facturar”.
Explicó que en diversos distritos, “las cooperativas abastecen de varios servicios de los vecinos, y en algunos casos éste puede decidir cuál abonar, en caso de no poder pagar la totalidad de lo que indica la factura”.
Rozengardt añadió: “Entiendo que es ahí hasta donde está apuntando la regulación nacional, por ende decimos que el organismo hace años que viene haciendo esto, que es asegurarle al usuario que no va a tener una dinámica coercitiva sobre que si no paga otra cosa, le cortan electricidad. Eso ya está ocurriendo, porque las cooperativas tienen que facturar e incluyen estos otros conceptos bajo la autorización del organismo, en la medida en que esta se puedan pagar”.
Finalmente, tras destacar que por la crisis económica algunos municipios comienzan a estar “apremiados” por la baja recaudación de las tasas, indicó que están habiendo saltos importantes en la nominalidad de las facturas y esto está generando diferentes planteos: “En algunos casos se requiere una refacturación y el OCEBA tiene un ejercicio permanente en ese sentido. Y en otros, se dialoga con las prestadoras para que se puedan establecer mecanismos para regularizar deudas atrasadas”, precisó.
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