En los fundamentos del proyecto se aclara que sólo se aplicaría cuando la disolución del matrimonio sea de mutuo acuerdo y que el objetivo es evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y recursos económicos para el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de abogados intervinientes.
El presidente de la Caja de Abogados bonaerenses, Fabián Portillo, dijo que “es un disparate” porque “no es sólo correr al abogado, sino a la jurisdicción, o sea al juez”. Y advirtió que “lo que propone el gobierno es para que sea más barato y eso no resiste el menor análisis”.
En diálogo con “El Repaso”, por Radio Provincia, el abogado aclaró que “el divorcio no es sólo la disolución del vínculo. Significa muchas más cosas: el régimen de visita de los hijos, la cuota de alimentos, cuestiones patrimoniales, etc. Y nosotros estamos para asesorar a las partes. Pero lo peor de todo es sacar la jurisdicción, porque eso les quita seguridad jurídica a las partes y avasalla sus derechos”.
Además, aclaró que “hoy un divorcio cuesta aproximadamente $ 1 millón 300 mil y si las personas no lo pueden pagar interviene la Defensoría Civil de Pobres y Ausentes y no pagan nada, y el proceso lo hace el mismo juez”.
Por último, afirmó que “se nota un gran desconocimiento de las personas que llevan adelante estas cuestiones, que son abogados, pero no trabajan como abogados. Esto no tiene lógica y genera mucha incertidumbre en la sociedad”.