Nora Calandra, subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del ministerio de Justicia y DDHH de PBA conversó con Es un Montón por Radio Provincia AM1270 respecto del proyecto que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de fomentar el trabajo en las cárceles de Argentina.
"El trabajo, la formación, es voluntario, no es obligatorio. Nosotros desde el Ministerio de Justicia, desde mi subsecretaría promovemos que quienes están privados de la libertad se sumen a formaciones, a capacitaciones, al trabajo dentro de las cárceles, como una manera de transformar su vida, de tener la posibilidad de transformar y de proyectar su vida en libertad. El trabajo no tiene que ser un castigo, sino que tiene que ser una herramienta de transformación de la vida de las personas privadas de la libertad", sostuvo.
Además, expresó que "en algún momento estas personas recuperan la libertad, vuelven a la comunidad y nuestra tarea y responsabilidad es que vuelvan de otra manera, no con las pocas herramientas que entraron, sino con herramientas para sostener la vida en libertad, para que no causen daños, para reducir la reincidencia".
En este caso, “lo discursivo es lo grave, esto de obligar a trabajar a las personas. Lo que hay que dar es la oportunidad de que se sumen al trabajo. Después está la cuestión legal de sean procesados o condenados, pero lo discursivo es lo malo.Si entraste sin saber nada, sin una posibilidad de trabajo, entendiendo que un gran porcentaje de las personas privadas de la libertad son de un sector de la sociedad excluida. La realidad es que si trabajan tienen que ser remunerados porque ahí se instala la cultura del trabajo y se crea la responsabilidad de poder sostener. Más allá del contexto en el cual se encuentre hay una ley de trabajo en contexto de encierro. Por ello, se le debe reconocer una remuneración mínima".
La funcionaria recordó que “ tenemos la experiencia del programa CUNITA que lleva adelante el Ministerio de Salud entregando los kits a los bebés de la provincia de Buenos Aires que nacen en hospitales públicos en situación vulnerable. Ese kit se hace enteramente en cinco cárceles de la provincia de Buenos Aires. El más grande es un polo industrial que funciona en la unidad N° 1 de Olmos, con alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras que cumplen un horario, tienen que cumplir las tareas de hacer el kit. Lo que quieren es que sea más dura todavía la experiencia en la cárcel. Que sea castigo, una tortura. Eso no es justicia, ni siquiera para las víctimas, es venganza".
También, remarcó que "lo violento que tiene este discurso es que se replica. Por ley las cárceles no tienen que ser de tortura porque la población carcelaria va a recuperar la libertad en uno, en dos, o diez años. Y no puede ser lo que hace un rato veía en el noticiero sobre que de las cárceles salen profesionales del delito. Vamos a dar posibilidades de trabajo, de formaciones. Muchos entran sin haber terminado la primaria. Desde la subsecretaría nuestro objetivo, es reducir la reincidencia de quienes ingresan a la cárcel".
Para terminar, indicó que "en términos económicos “la idea es poder inaugurar algunas plazas más y el año que viene otras. Tenemos más de 54 mil personas privadas de la libertad en Buenos Aires. La superpoblación y el hacinamiento es real, pero se está trabajando desde el Ministerio de Justicia para hacer algunas reformas en las cárceles porque son viejísimas e inaugurar otras”.