En diálogo con “Es un montón”, por Radio Provincia, la periodista Luciana Glezer dio detalles de la investigación respecto de presuntas irregularidades en el uso de información privilegiada por parte del ministro de Economía, Luis Caputo.
Afirmó que se trata de “un delito penal” por el que están acusados ante la justicia Luis Caputo, su primo Nicolás Caputo, entre otros funcionarios y un grupo de empresarios. La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 del doctor Marcelo Martínez de Giorgi.
La periodista explicó que “en Argentina hay cuatro mercados de capitales, donde se compran los instrumentos financieros”. Uno donde “se compran y venden bonos y letras, deudas del gobierno nacional, Banco Central y provincias”; otro donde “se juega a ganar guita con instrumentos a futuro”; otro “donde se capitalizan las pymes” y BYMA que “nace en 2016 con Luis Caputo ministro”. Este último “es una criatura de la consultora del actual ministro” donde “se comercializa todo tipo de instrumentos financieros”.
Glezer subrayó que lo que llamó la atención es el crecimiento de BYMA y el hecho de que sus acciones, que aumentaron significativamente, se hayan comprado y vendido en muy poco tiempo.
Además, consignó un dato a considerar: “El 31 de diciembre Caputo eliminó una restricción que tenía 50% que impedía que la Caja de Valores repartiera dividendos y les libera $120 mil millones”. Al respecto, recordó que “en la Caja de Valores se guardan todos los títulos que se comercializan en los cuatro mercados. Su dueño es el BYMA” y allí “también hay un punto oscuro”.
Glezer insistió en que los compradores de esas acciones “tenían el dato de que se iban a liberar esos dividendos. Sabían que Caputo iba a permitir que se queden con $120 mil millones”. Además, mencionó que “no es difícil pensar que Luis Caputo le diga a su primo y otros amigos que compren acciones porque se va a disparar su valor”.
Mientras tanto, “el que hizo el papel del bobo que vendió es el Estado, es decir, todos los argentinos, en una maniobra que remata los fondos de garantía de sustentabilidad de los jubilados”, significó la entrevistada y subrayó: “Ahora el rol de la justicia es investigar a fondo porque, una vez más, es con la nuestra”.