En diálogo con Napalm por Radio Provincia AM1270 dijo que el sector está “al borde del colapso” por el desfinanciamiento que generan los recortes de la administración libertaria.
“Hace 60 años no existía atención de personas con discapacidad a través el Estado. Con el tiempo se logró que tuvieran sus derechos y que los prestadores que brindamos servicios” fueran compensados a través de los fondos que el ministerio de Salud conjuntamente con la Agencia Nacional de Discapacidad le giran a las obras sociales.
“En la medida en que el valor que fija el gobierno para el arancel sea el del servicio, más o menos podemos sobrevivir (…), pero si los costos superan más del doble de lo que se abona en aranceles, se llega al desfinanciamiento y la desatención”, advirtió la entrevistada.
Seguido, manifestó que “si uno no llega a pagar los sueldos y las cargas sociales, se llega al borde del colapso. En estos últimos 4 meses, las paritarias fueron de un 20% -totalmente merecido-, pero los aranceles aumentaron un 2,70” y “cuando uno factura lo hace a mes vencido y se cobra a 30, 60 y 90 días posteriores”.
Por eso, aseveró que “en este momento no hay institución que brinde servicios de atención a personas con discapacidad que no esté endeudada, mínimamente por el pago de cargas sociales y otras recortaron los servicios directamente”.
Salomone también criticó el argumento que esgrime el Gobierno en el sentido de que se han otorgados documentos truchos: “Puede ser que haya habido casos donde se hayan dado certificados falsos de discapacidad, pero los invitaría a que vengan a ver a nuestras 350 personas asistidas, no hay nadie que finja síndrome de Down”.
“Si el gobierno quisiera revisar los casos que están mal, todos los prestadores estamos de acuerdo en que se corrijan esos errores u horrores, pero eso no significa que hay que tirarlos todos al agua y el que flota, flota”, enfatizó.