Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina defendió el informe que emitió la entidad sobre el protocolo “antipiquetes” que puso en marcha el Gobierno de Javier Miliei y acusó a la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich de buscar “desprestigiar” a la entidad.
El documento presentado releva sólo 15 manifestaciones de 2024 y contabiliza 1.155 personas lesionadas, 23 de ellas gravemente con impactos de bala de goma en la cabeza, 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas.
En contacto con “TER” por Radio Provincia, la titular de la filial argentina aseguró: “Estamos acostumbrados a que cuando comentamos o criticamos, en algunos contextos, las políticas de determinados países suelen contestarnos” e intentar “desprestigiar a la organización” diciendo que “estamos ideologizados” porque esa es la forma que se elige para “contraatacar sin ocuparse de lo sustantivo que es la protección de los derechos de las personas”.
Seguido, insistió que Amnistía Internacional cuenta con “presencia en 150 países y territorios” y es un movimiento internacional que se dedica a “monitorear la situación de los derechos humanos en países de todo el mundo”.
Al tiempo que puntualizó que en el caso de Argentina de lo que hablamos es de la defensa del “derecho a manifestarse y expresarse de las personas” porque “lo que nosotros queremos es que eso se traduzca en una realidad para todos y todas. Y no sólo para los que piensan de una manera o para los que están dispuestos a quedarse en sus casas”.
García Rey además analizó que este derecho se hace más necesario “en un contexto de crisis económica y social como el atravesado en 2024” porque “esa situación genera convulsión en la sociedad” y por ello, en muchos espacios “surge la necesidad de reclamar para trasmitir el malestar a las autoridades haciendo uso del espacio público”.
Por eso, desde la organización defienden “la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan salir a la calle a manifestarse” y le exigen al Estado que se les garantice seguridad para que “no pongan en riesgo su vida, salud o integridad física”.
“Esta fue la situación que no se cumplió en 2024, y eso fue lo que mostró el informe” ya que está integrado “por cifras respaldadas con pruebas que muestran rigurosamente todos los hechos que documentamos” subrayó García Rey y aclaró que el objetivo de la entidad, "no es criticar o denostar a un Gobierno sino ser constructivo y colaborativo para pensar qué tipo de política son las necesarias para que haya paz social y respeto por los derechos humanos”.