La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, querellante en la causa por los estaqueamientos y torturas de soldados conscriptos en las Islas Malvinas durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, recurrirá el fallo de la Sala I de la Casación Federal que declaró prescriptibles esos delitos.
La querella de la Provincia en la causa Malvinas recurrirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir el fallo de la Sala I que con las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña -la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia- hizo lugar al recurso presentado por la defensa del militar Jorge Ferrante y anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que había declarado crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, a las torturas cometidas en las Islas y había confirmado el llamado a indagatoria del imputado.
Martín Fiorenza, director provincial de Políticas Reparatorias, aseguró que los jueces “intentan clausurar cualquier avance en la investigación y juzgamiento de los responsables de las torturas cometidas en las Islas Malvinas de soldados conscriptos”.
En este aspecto, Fiorenza resaltó que “el fallo es arbitrario y no respeta ni contempla el derecho internacional de los Derechos Humanos. Haremos especial hincapié en el deber que recae sobre el estado Argentino de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad conforme a los compromisos internacionales que se han asumido en materia de Derechos Humanos y con la debida reparación a las víctimas que 39 años después continúan reclamando justicia”.