En diálogo con Hay un Lugar, por Radio Provincia AM1270, manifestó que la iniciativa de Javier Milei, que incluye la renuncia del Gobernador, “es una manotazo más de la arbitrariedad y la ignorancia jurídica de este Presidente, que está en situación de riesgo por la investigación judicial tanto en la Argentina, como en el período de juicio político en el Congreso, y en Estados Unidos por tener afectados víctimas de la maniobra de estafa en la que es partícipe o jefe”.
Para el abogado constitucionalista, el jefe de Estado “quiere zafar de esto creando una figura de riesgo inexistente en la Provincia” con el objetivo de “distraer su responsabilidad, complicidad y autoría, tanto en nuestra economía como en la institucionalidad”.
En ese marco, enfatizó que la respuesta a la actuación del mandatario nacional debe ser “institucional para desenmascarar esta maniobra”. Además, resaltó la necesidad de “un alto grado de movilización social, que no se logra por la inercia de la CGT (no así de las CTA que están en plena consciencia institucional)”, a lo que “hay que sumarle una oposición política que lamentablemente está sumida en internas y con integrantes corruptibles”. “Frente a esto, el monstruo avanza”, lamentó.
Barcesat aseguró que “de ninguna manera puede decretarse la intervención de la Provincia” por parte del gobierno nacional, debido a que esa maniobra “requiere de la intervención del Congreso y ni remotamente va a tener el apoyo que cree tener o quiere hacer creer”.
De todos modos, reconoció que “es evidente que el Congreso ha sido cooptado por el Presidente: los legisladores han abandonado al mandato popular y se han prestado a todas sus maniobras”, mientras que “la justicia también se ha doblegado ante este poder autocrático, despótico e ignorante”.
Más tarde, insistió que la pretensión de Milei “es un desborde más de las atribuciones y competencias constitucionales”, ya que “cree que puede manejar todo por vía de decreto”. En tal sentido, estimó que “la gran torpeza del Congreso” que dio origen a “esta debacle institucionalidad” del país, fue “no terminar de nulificar el decreto 70/23”.