En declaraciones a Laboratorio de Ideas por Radio Provincia AM1270 el integrante de la Red Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) , quienes se presentaron como amicus curiae frente a la Corte Suprema para debatir el decreto 10/2025 impulsado por el gobierno nacional que interviene en la agenda de la investigación científica, afirmó que esta resolución “es un atropello al funcionamiento institucional de la Argentina” ya que nuestro país “tenía una política de Estado, respecto de la financiación de la ciencia que fue plasmada en una ley que costó mucho trabajo y consenso” que sigue vigente.
En ese marco, el también director del Buenos Aires Logic Group expresó que el año pasado el Poder Legislativo “votó Facultades Extraordinarias para el Ejecutivo, lo cual para mí es una vergüenza. En ese momento, nosotros tuvimos conversaciones con los legisladores para advertirles lo que podía significar” otorgarle dichos poderes al Presidente.
Por lo tanto, el investigador remarcó que “aquí hay un decreto de jefatura de Gabinete” que permite a Nación “rever todos los programas” del país en ciencia y tecnología. Al respecto, recordó que estas currículas “están aprobados por comisiones de expertos que están en vigencia cuyo financiamiento estaba garantizo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
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