El abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, analizó las repercusiones que puede llegar a tener la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación que ordenó al tribunal que había condenado a Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Espinoza, revisar sus penas y agravarlas,
Esas personas actuaron como guardias en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Cacha y se estima que la decisión de Casación podría generar precedentes para otros casos.
Por FM 97 Une, Lovelli afirmó que “seis años después el Tribunal de Casación termina resolviendo, lo que marca la situación de la Justicia, por más de que estamos conformes con el fallo de Sala I”.
Recordó que en su momento los acusados “fueron condenados con 13 años de prisión porque la Justicia los consideró partícipes secundarios de los secuestros, tortura y desaparición de los cautivos en La Cacha”.
Añadió que “estas personas fueron detenidas en febrero de 2010, el juicio fue en 2014 y en 2018 habiendo cumplido dos tercios de la condena, estaban con libertad condicional. Este fallo llega ordenando revisar el grado de participación de estas personas, pero ya estando en la calle, con todo lo que significa”.
Lovelli consignó que “se confirmaron las condenas de una veintena de personas” que actuaron en el excentro clandestino de detención. “Esta nueva sentencia es productora de verdad”.
Seguido, puntualizó que “el plan genocida estableció un sistema de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El aparato de inteligencia de las distintas fuerzas estuvieron detrás de los secuestros” y en el caso de las personas cuyas condenas pidieron ser revisadas, “marcaban gente” en la universidad.