Matias Cadaveira, psicólogo especializado en autismo consideró que “todo el panorama es terrible, sobre todo por el posteo del Presidente” sobre Ian Moche, un niño de 12 años activista por los derechos de los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA). Y afirmó que es “totalmente cancelable cualquiera que agreda o vaya en contra de los derechos de un niño”.
Estas declaraciones sucedieron mientras se espera que el próximo miércoles en la Cámara de Diputados se discuta el proyecto de Ley de Emergencia en materia de Discapacidad para atender las carencias que padece éste sector de la sociedad.
En contacto con “Es Un Montón” por “Radio Provincia” el especialista aseguró que lo ocurrido no se puede considerar bullying porque “eso sería entre pares de edad escolar” y lo catalogó como “violencia institucional desde las más altas áreas de poder”. Y consideró que el Gobierno “debiera salir a pedir disculpas porque estamos hablando de ir en contra de los derechos de un niño, independientemente del partido político al que simpatice”.
Por otra parte el especialista detalló que lo que van a discutir los legisladores “es un proyecto de ley de discapacidad en emergencia para proteger los derechos de esas personas” y enfatizó que la norma está planteada desde la perspectiva de que estos ciudadanos “están impedidos de su participación social plena por un montón de prejuicios y barreras que, por lo general, están en la mente de las personas más que en los contextos”.
Seguido agregó que el proyecto a discutir sobre tablas “lo que pone en evidencia es que tenemos las mejores leyes pero cada vez más desfinanciadas” ya que “lo que se promueve es disponer de un financiamiento adecuado y sostenible para promover la inserción laboral, la autonomía, la sexualidad, el tiempo libren y la educación” para este sector social.
En ese marco, explicó que desde el desembarco de la gestión libertaria “no se actualiza el monto de las pensiones no contributivas” y muchas “fueron cortadas con cartas documento. Es decir que muchas personas no solo están desempleadas sino que no cuentan con ese ingreso” cuando “la idea, del Presidente y de la Agencia Nacional de Discapacidad, era que estas cosas funcionen mejor. Y también fortalecer a los prestadores porque la Ley pide que las obras sociales y las prepagas reintegren a las familias o le paguen a los profesionales los honorarios acordados por ley, que no se actualizan desde el año pasado. Pero no sólo no están aprobando tratamientos sino que no pagan desde el año pasado”.