La abogada Laboralista, Natalia Salvo ponderó que luego de declararse competente, la justicia nacional del Trabajo suspendió el artículo 2 y 3 del DNU 340/25 que había limitado el derecho a huelga por considerarlo “lesivo a la libertad constitucional a huelga”.
En contacto con “Napalm”, por “Radio Provincia”, la docente universitaria de la UBA, UNPA explicó que “el propósito inconfesable” del gobierno nacional al ampliar los servicios esenciales a partir de un decreto de necesidad y urgencia es “limitar el ejercicio del derecho de huelga, que es una expresión de la libertad sindical que también está ampliamente protegida en la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la OIT, al que nuestro país suscribe”.
Seguido señaló que dado a que estos servicios “están dispuestos por ley y tienen carácter restrictivo” celebró que la justicia laboralista nacional considere que elevar la “prestación mínima al 75% de todas las actividades esenciales” a partir de un DNU es “lesivo de la libertad constitucional a huelga”.
Asimismo, advirtió que el gobierno nacional “quiere llevar esta cuestión al Fuero Contencioso Administrativo y Federal, porque es un fuero más oficialista y además no está imbuido de los principios del Derecho Laboral. Y en última instancia puede acudir a la Corte Suprema de Justicia que sabemos cuáles son los criterios que tienen en relación a los derechos sociales y de las mayorías, en general”.
En ese marco criticó esta mirada recortada de las libertades individuales que tiene la Corte al destacar “ponen todo el PBI en el cuidado de los derechos de propiedad, pero para los derechos sociales hay un prurito importante. Pero, el respeto a la propiedad privada no es solo sobre la inviolabilidad de las cosas sino también en relación a los bienes inmateriales, que son -nada más y nada menos- que los derechos, aunque parece que hay algunos derechos mejores que otros”.
“Ahí está el sesgo eminentemente ideológico de la interpretación judicial que quieren pasar por objetiva; cuando son declaraciones eminentemente políticas que intentan preservar los privilegios de la casta judicial”, analizó.
Y por ello consideró importante evaluar una reforma constitucional para renovar el sistema de justicia nacional dado que “el Poder Judicial no es escudriñado, no pasa por el escrutinio popular. Y, vemos las consecuencias de que no sean controlados” mientras que por ellos “pasa el pronunciamiento sobre los derechos básicos de la ciudadanía y ésta no tiene forma de participar de su elección o de controlarlos" ya que son "un resabio monárquico actual”.
Por otra parte, luego de que Cristina Fernández anunciara que va a ser candidata en las próximas elecciones nacionales, la abogada también opinó sobre la causa que se le sigue a la exvicepresidenta y aseguró que “lamentablemente, pese a que algunos intentan decir que la persecución judicial es una maquinación populista, es un secreto a voces y es una cuestión sensible”.
Y ejemplificó que esto queda en evidencia cuando “en algunos medios concentrados ya se anticipa el resultado de una sentencias, que luego tiene un directo correlato” y al mismo tiempo obstruye “la participación política de una representante política”.
"Esto es algo que debe alertar" a la ciudadanía porque "es un rasgo de nuestro sistema de justicia desde un tiempo hasta esta parte y en el caso de la Corte Suprema, en muchos temas lo hace de manera desembozada. Pero, en el caso de Cristina están esperando ese tiempismo extorsivo que suele esperar el máximo tribunal”, cerró.