Seguido, lamentó que debido a estar en el marco de la Ley Bases aprobada por el Congreso, no hay herramientas legales para retrotraer la decisión de privatizar AySA. “Los diputados que apoyaron la medida del Gobierno tendrían que reflexionar un poquito al respecto”, apuntó.
Luego, indicó que la gestión libertaria comenzó a tomar una serie de medidas que decantaron en la paralización de las obras en curso. “Algunas de ellas estaban al 80% y restaba muy poco para terminarlas” y sumó que “casi 1700 empleados de la planta fueron despedidos”.
El funcionario consideró que el término en que se efectúa la privatización “afecta el derecho humano del acceso al agua” ya que “ante la primer mora en un mes, la empresa en el término de 15 días tiene la facultad de cortar el suministro”, medida que estaba vedada ya que la normativa obligaba a que se establezca un plan de pago para quienes no pudieran afrontar los costos. “Eso ocurre en un contexto social muy complicado donde la gente ya tiene un serio nivel de endeudamiento como producto de no poder pagar las tarifas”.
Finalmente, recordó que “en su momento fue privatizada y no tuvimos un servicio mejor, sino todo lo contrario” y que en este momento “el mundo va para otro lado” ya que en casi 350 ciudades el servicio de agua potable es provisto por empresas estatales.”De hecho las ofertas que vienen a la licitación son de empresas estatales de otros países. Entonces lo que vamos a tener es un inicio de un proceso de mayores tarifas, iguales servicios y obviamente menores controles”, concluyó.