El abogado Gregorio Dalbon presentó una denuncia penal en la justicia para investigar los supuestos hechos de corrupción que se conocieron tras la filtración de un audio de Diego Spagnuolo, hoy exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La presentación que solicita los allanamientos en ANDIS, la secretaría de Presidencia y de las oficinas de la droguería Suizo Argentina S.A junto con la incautación de los teléfonos celulares de los investigados recayó en el juzgado de presidido por Sebastián Casanello y cuenta con la intervención del fiscal Franco Picardi.
En contacto con “Es Un Montón” por Radio Provincia, el letrado explicó que “la presentación la hicimos porque es prácticamente un a confesión de lo que se está haciendo desde las más altas esferas del poder político” y agregó que alcanza a “Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Ménem”, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker (dueño de la droguería Suizo Argentina S.A.).
“A mi criterio hay un esquema de cobro y pago de coimas que está relacionado con la provisión de medicamentos y afectación directa de fondos públicos”, aseguró. Y subrayó que “acá el tema principal es si el Poder Judicial está dispuesto a investigar al poder político”.
En ese marco, Dalbón señaló que “nunca antes desde el advenimiento de la democracia hubo un hecho de corrupción tan miserable como es meterse con los medicamentos de las personas con problemas de salud mental o motrices” y arremetió: “Imaginate una familia que tiene que parar un brote psicótico de un familiar y no consigue los medicamento porque en la ANDIS, Karina Miliei y Spagnuolo están de joda con la plata; y encima el Director te lo cuenta”.
Por lo tanto consideró que no sólo “es un hecho aberrante sino que es realmente investigable” y por lo tanto lo que está en juego es “si el Poder Judicial está dispuesto a investigar al poder real, mientras éste está gobernando (…) porque detrás de Karina y Javier, que son dos marionetas, están los verdaderos tránfugas, los laboratorios” dado que “si está dispuesto creo que vamos a llegar a buen puerto”.
Seguido Dalbón recordó que “tenemos la causa $Libra abierta hace tiempo y otras situaciones de corrupción del Gobierno de Milei, pero parece que pasa desapercibido el hecho de vender candidaturas. Sin embargo, ahora hay que ver si realmente hay vocación del magistrado y del Ministerio Público Fiscal de ir por la justicia representando a las familias y a los propios discapacitados, que son las verdaderas víctimas. Y, si no van para adelante con esta causa no tenemos destino como país” dado que “están materializados los pagos ilegales”.
En ese marco detalló que por los audios se conoce que “a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria. Y ya el 1% es un montón de plata, porque estamos hablando de más de $USD 100 mil al mes. Y más de $USD 800 mil al mes para Karina, es decir $USD 10 millones al año, desde agosto que fue la primer denuncia hasta ahora. Entonces, podrán imaginar la recaudación que están haciendo y que posiblemente sea para seguir haciendo política, pero no está bien. Y eso lo tiene que decir el fiscal y el juez”.
“Sería muy importante que en una república los tres poderes puedan funcionar. Pero hoy, el Congreso tira una ley y el Ejecutivo no la permite. Ahora ¿qué van a hacer? ¿Van a amordazar a la justicia? Y si es así estamos ante un gobierno autoritario y dictatorial”, reflexionó.
Finalmente respecto de la figura de Spagnuolo, el letrado ensayó que en vez de desconocer el audio tiene “un camino que es más práctico. Sentarse como arrepentido y contar lo que sabe” porque si “va a tratar de salvarse, va a empeorar su situación porque “no tiene chance” dado “que es un funcionario público que tenía obligación de denunciar y lo que se ve claro es que en vez de denunciar encubrió”.