En diálogo con El Repaso, manifestó que “a pesar de la alegría de la promulgación de la ley, hay que esperar los 30 días que demandan los tiempos administrativos”.
Seguido, informó que desde las organizaciones “se está pensando en hacer algún recurso judicial porque la situación realmente es grave”, fundamentalmente para las personas con pensiones, los prestadores y quienes trabajan en Talleres Protegidos.
“Las personas con discapacidad siguen en riesgo, el día a día es importante para todos nosotros y por eso debería haber algún mecanismo para instrumentar la ley lo más pronto posible”, expuso.
”Fue todo muy difícil porque sistemáticamente el gobierno nacional puso palos en la rueda para que esto no saliese, sabemos que además es posible que puedan judicializar el tema por eso están trabajando con abogados y legisladores que han ofrecido asesoramiento”, agregó.
Finalmente, remarcó que en caso de que el Ejecutivo plantee acciones judiciales para vetar la norma, recurrirán al mismo ámbito.