El juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por considerar que esta herramienta, utilizada para controlar y restringir las manifestaciones callejeras, tiene vicios en su conformación legal.
En comunicación con “El Repaso”, por Radio Provincia, Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales dijo que la novedad es que “finalmente la justicia decidió ponerle límites al Ministerio de Seguridad con relación a cómo tratar o cómo relacionarse por parte del Estado con una manifestación pública”.
Agregó que “este protocolo, en los últimos dos años, ha dejado saldos muy negativos: más de 100 personas fueron detenidas, pero también hay más de 1300 lesionadas o incluso algunos en un estado de gravedad, muchas personas que perdieron la visión o perdieron un ojo como es el caso de Pablo Grillo, que está ahí peleando por su vida, entonces el saldo es muy negativo”.
“El juez claramente dijo el ministerio no puede dictar un protocolo como el que dictó. Entonces nos parece muy importante como límite a la acción del Ministerio de Seguridad” -aseveró.
Consultado sobre la demora de la justicia en tomar esta decisión, Morales explicó que “hubo casos de jueces de La Plata y de otras ciudades que antes de una manifestación pidieron información al ministerio y le reclamaron que no aplicaran el protocolo. Esas fueron muy pocos casos. Y hubo otros que lamentablemente no advirtieron las consecuencias que podía generar la aplicación del protocolo”.
En esa línea aclaró que “este proceso en particular duró casi dos años, pero hubo muchas discusiones de competencia, no se sabía si la justicia penal tenía que estudiar el tema, si la justicia contencioso administrativa, si tenía que ser resuelto por la propia Corte Suprema, pero después el proceso fue considerado un proceso colectivo, con lo cual se invitó a todas las organizaciones que tuvieran algún interés y eso permitió, por ejemplo, sindicatos, partidos políticos, confederaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos, amnistía Internacional, sindicatos de periodistas, se pudieran presentar en el proceso y eso le dio otra relevancia”.
El director de Litigios del CELS también destacó que “la decisión es para todo el país. El protocolo es nulo y por lo tanto no se puede aplicar en toda la Argentina. Entonces es una decisión que tiene un impacto” importante.
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