En diálogo con Pase lo que Pase, explicó que “este fallo viene a pronunciarse sobre problema central de todos estos años de gobierno de Milei, cuando el 15 de diciembre de 2023 la primera medida que toma es aplicar este protocolo”.
En ese sentido, remarcó que “todo su contenido está con el objetivo de limitar la protesta y convertirla en un delito, organizar al Estado y sus fuerzas de seguridad detrás de la noción de que la protesta es un delito y no hay que protegerla”.
Seguido, recalcó que “lo que hizo, fue asumir facultades legislativas, trastocó artículos donde se decide que la tensión entre la libre circulación y el derecho a la protesta se incline sobre el primero. Si bien puede haber tensión, ninguno puede sobrepasar al otro. Cuando el Estado decide que va a abandonar por completo su rol de diálogo y lo va a reemplazar por un rol puramente represivo estamos en un flor de problema”, aseveró.
Lloret consideró que “la resolución del juez Maratón Cormick está muy bien fundada y es producto de una instancia de desarrollo donde participaron organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, y víctimas directas” lo cual “le dio entidad y cuerpo, lo que permite darle un peso al proceso que vemos plasmado en su resolución”.
Finalmente, sentenció: “Este protocolo fue el paraguas legal que puso el Gobierno a 5 días de asumir para poder hacer todo lo que vino después”.