Un nutrido grupo de trabajadores se reunieron en las puertas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial para repudiar el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación. Allí realizaron un abrazo simbólico al edificio en defensa de los 150 puestos laborales que están distribuidos en todo el país porque el control que realizan está disperso de manera federal.
Este organismo que pertenecía al Estado nacional se dedicaba a controlar los equipos que controlan y mensuran. Este servicio garantizaba que el alcoholímetro que se usa en los controles de tránsito, los surtidores expendedores de combustible o hasta las balanzas que pesan el volumen exportable esté bien calibrado.
Y si pasa a manos privadas, por ejemplo, los municipios tendrán un sustancial incremento en el control de los alcoholímetros que subiría de $140 mil a $1 millón.
En contacto con “TER” por Radio Provincia, Giselle Santana de la Asamblea de los Trabajadores denunció que con esta medida el Gobierno “intenta pasar por encima de un decreto con fuerza de ley de hace 22 años que delega en el INTI esta actividad” y enfatizó que esto es “justamente para garantizar la imparcialidad” dado que con la desaparición del Organismo nadie “puede garantizar que en la estación de servicio te vayan a cargar la cantidad de litros de combustible que dice ese surtidor”. Y además encendió luces de alarma también sobre la calidad del producto, porque también afectaría el contralor sobre los octanajes, siendo posible “que lo rebajen con agua como ocurría hace 20 años atrás cuando estos controles del INTI no existían”.
Por su parte, Escobar ingeniero electrónico del organismo lamentó que la administración libertaria cierre “un área estatal importantísima para el consumidor final” porque “se encargaba de certificar los verificadores que salían al territorio a chequear surtidores, balanzas y medidores de energía junto con la seguridad eléctrica del equipo, la radiación e interferencia electromagnética, para que no se borren los datos almacenados”.
Además, “nuestros verificadores son los que van a los puertos a chequear la balanza que mide o pesa lo que se exporta (granos u otras mercaderías) para que la declaración sea fidedigna” y alertó que si este servicio pasa a manos privadas “puede, por ejemplo, arreglar con Cargill para que cuando ingresen 1000 toneladas al puerto, le computen 900”. Es decir que “esta empresa va a tributar menos”, cosa que hoy no ocurre porque “el INTI es imparcial”.
Y alertó que “si las balanzas de los comercios no están bien certificadas también te pueden vender menos. Y se queda con el beneficio el comerciante y se perjudica el consumidor final, como siempre”.