Javier Alonso aseguró: “No conocemos el proyecto” del gobierno nacional que pretende bajar la edad de punibilidad en el Código Penal y advirtió que ese debate “lejos de resolver un problema está pensado para agigantar la grieta y tapar otros más graves” que tiene la administración libertaria. Y aclaró que “el mayor inconveniente es que sólo discutimos la edad y no un proyecto integral” para esos niños y jóvenes.
En contacto con “TER” por Radio Provincia, el ministro de Seguridad bonaerense analizó que “luego de lo que pasó en el INDEC hay un montón de cosas que están haciendo agua en el Gobierno y por eso necesita generar discusiones para poder tapar todas las cosas malas que estamos viviendo los argentinos”.
Asimismo, Alonso consideró que para discutir en materia de seguridad “hay que ir a las cuestiones concretas” y agregó que en “estos 6 años la Provincia ha hecho un esfuerzo muy importante para mejorar los indicadores delictivos”(…) “se detuvo a 13 mil personas, construimos 8.000 plazas carcelarias” y eso luego impactó en las estadísticas ya que “el 2025 con 751 casos fue el año con menos homicidios”. “Está claro quiénes están enfrentando a los delincuentes y a los narcos y quienes eligen un debate para la tribuna y las redes sociales”, espetó.
Seguido, explicó que en la Provincia, “los menores de cualquier edad que matan o cometen un delito grave son sancionados por jueces de menores gracias a la ley provincial de Responsabilidad Penal Juvenil que está vigente desde 2007 y que viene a resolver este tipo de situaciones” a partir de establecer “un régimen especial que se da entre los 16 y los 18 años”.
En ese sentido, detalló que del total de crímenes registrados en el 2025 “solo hubo 19 menores de 16 años que fueron responsables de esos homicidios, y luego hay otros menores de 16 años que fueron responsables de lesiones graves. Y todos están encerrados en Institutos, por orden de un juez de menores”.
Alonso admitió que “la gran discusión es qué pasa con los menores de 16 años (vinculados a un delito de sangre) y criticó lo que propone verbalmente la ministra Patricia Bullrich, que es ampliar ese régimen y llevarlo de 18 a 13 años”. Y ante esto contrapuso que “lo que dicta la ley provincial en estos casos son medidas de seguridad” que los aloja “en un Instituto para recibir el tratamiento adecuado” porque se los considera “un riesgo para la sociedad y para sí mismo”.
Y enfatizó que en estos casos “lo que no tenemos que perder de vista es que estamos hablando de pibes de 12 años -40 el año pasado- que produjeron un daño y fueron encerrados” pero “claramente el delito de entrada no fue matar a alguien”.
En ese marco, desagregó que “en la Provincia tenemos 5 millones 200 mil de pibes que tiene la vida ordenada por la escuela, los clubes, el programa Envión y un montón de otras instancias sociocomunitarias” mientras que “hay aproximadamente 4.000 pibes que la policía los aprehende por diferentes hechos delictivos y tienen padres que no se pueden hacer cargo de su crianza. Por lo tanto, a partir de que nosotros los detenemos, muchas veces el Estado debe intervenir para torcer esa trayectoria criminal”.
“Por eso, hacemos todo un análisis criminológico, lo elevamos al fiscal de menores, y la Servicio Local de Niñez de la municipalidad y éste organismo va a visitar a la familia que hace un informe, y luego el fiscal y el juez tendrán que decidir; porque en muchos casos hay que separar a ese menor de la familia ya que les están haciendo mal. Entonces, nosotros creemos que el Estado se tiene que involucrar en esas vidas para evitar que esos pibes maten. Esta es la realidad”, describió.
Y señaló que “lo que tenemos que discutir es una ley de Responsabilidad Penal Juvenil donde el Estado invierta recursos y se armen más juzgados y fiscalías de menores, más aún si se va a ampliar la edad de imputabilidad”.
Por lo tanto, concluyó que “el problema es que sólo discutamos la edad y no un proyecto integral que venga a ocuparse de corregir estas trayectorias y se interese también de ver cómo acompañamos a estos pibes que no deben ser más de 80 por municipios. Así lo venimos trabajando en la Provincia, con mayor o menor éxito. Y no hay impunidad, porque el que sale a robar en banda o es parte de una estructura criminal, como es más difícil correrlo de esa trayectoria, son los que terminan en Institutos con un tratamiento específico. Ahora en otras provincias, donde no hay una leyes específicas es posible que esos pibes no reciban ninguna sanción”.