Blanca Osuna, diputada nacional por Entre Ríos consideró que el proyecto de ley que prende bajar la edad de punibilidad que se discutió en Diputados consiste “en un engaño” porque “se disfraza una consigna marketinera de solución a dificultades o problemas en materia de seguridad” cuando sólo el “0.02% de los delitos son cometidos por niños y adolescentes y en su mayoría se trata de crímenes contra la propiedad; y sobre todo se desarrolla en la zona central de la Provincia, y Ciudad Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Lugares donde efectivamente se han dado algunos episodios que han sido usados para desencadenar esta acción marketinera”. Pero el financiamiento que se dispone se direcciona al “Ministerio de Economía y a la Defensoría General de la Nación de CABA” y destinando 0 fondos para que las provincias realicen políticas de prevención”.
La norma fue tratada ayer en la cámara baja y obtuvo media sanción tras 135 votos a favor, 100 en contra y 13 abstenciones
En contacto con “Napalm” por Radio Provincia, la legisladora detalló que se pretende abordar el problema de la inseguridad “con una ley que baja la punibilidad de 16 a 14 años” en medio “de un ajuste brutal en la ejecución presupuestaria en materia de Educación, Salud, Salud Mental y cuidados -que son las políticas preventivas frente a una Argentina que se empobrece- y una disminución notable de los recurso para las Provincias”. Y lamentó que en ese contexto “el toma y daca de recursos aparece en la mesa de negociaciones (entre el Gobierno y las Provincias) como la clave o la llave para resolver temas que van a tener consecuencias sensibles en la vida de todos los que habitamos este país, y eso es lo más grave”.
Seguido la Osuna denunció que “esta ley no tienen previsto ningún acompañamiento específico para la ejecución real. Y esa es la razón por la cual muchas organizaciones como Cáritas, la Pastoral Social y la Pastoral Carcelaria, la Federación de Iglesias Evangélicas, UNICEF, la Asociación de Defensores y Defensoras Provinciales se manifestaron en contra”.
Además, la entrevistada especificó que cuando se analiza “el artículo 51 que define los recursos, descubre que todo es un show, una mentira absurda y grave” porque “destina $23.739 billones” que se desagregan en “3.131 billones que son para la jurisdicción 40, que es el Ministerio de Economía -para el concepto de personal-, y los 20 mil que restan se designan a la jurisdicción 10 que es la Defensoría General de la Nación, programa 17 que es de CABA” y enfatizó que esta distribución es “una tomada de pelo” porque no se sabe “cómo van a hacer las provincias para avanzar con políticas de prevención”.
Finalmente Osuna insistió en el carácter marketinero de la discusión presentada porque no permite ir “al fondo de las cosas y trabajar con responsabilidad un tema sensible que afecta a personas de una fragilidad absoluta”.