En contacto con “El Repaso”, por Radio Provincia, Pedro Busetti, presidente de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), dijo que “el gobierno piensa recaudar con eso 500 millones de dólares. Lo que va a tener que asumir en primer lugar es el pago de una obligación negociable que vence el mes de mayo, que la había contraído el gobierno de Macri, por 85 millones de dólares”.
Añadió que “también se va a tener que hacer cargo de más de 400 obras que dejó inconclusa como la planta del tratamiento de líquidos cloacales de Virrey del Pino en La Matanza, la conexión del Riachuelo-Berazategui”.
“Pero lo peor de todo -advirtió Busetti- es la decisión del gobierno de modificar el marco regulatorio y habilitar a la nueva empresa a cortarle el agua y las cloacas a un usuario que tenga una factura impaga por el término de 60 días. Algo inédito, en ninguna provincia está permitido el corte de agua por una deuda”.
Además, adelantó que cuando haya que hacer alguna obra de expansión “la van a cargar a la tarifa” y cuestionó que la meta para la empresa que brinda el servicio en 26 distritos, para los 30 años de concesión, sea “brindar agua al 90% de los usuarios cuando hoy tienen el 75%, o sea sólo un 14% más. Y solo el 11% de cloaca”.
Por último, el titular de DEUCO remarcó que otra de las ventajas para la concesionaria es que, si es extranjera, el contrato dice que la resolución se conflicto se hará en tribunales nacionales, o sea en los de la empresa”. Y recordó que por 30 años “no van a pagar ningún canon”.
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