El Palacio de Hacienda había eximido a las empresas petroleras de comunicar con anticipación las modificaciones en los precios de los combustibles. La decisión judicial surgió a partir de una acción colectiva presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.
Federico Llorente, abogado del CEPIS, dijo en “EL Repaso”, por Radio Provincia, que “presentaron un amparo colectivo que alcanza a quienes lo plantean como a todas las personas que se vean afectadas por la situación, es decir, las que de manera directa o indirecta consuman combustibles, porque el es un bien estratégico que tiene impacto sobre los demás bienes y servicios".
Explicó que “antes, en Argentina, los titulares de las bocas de expendio tenían una obligación que era, si vos aumentabas el precio, dentro de las ocho horas posteriores tenías que informarlo. El año pasado se eliminó y pasó a informarse una vez al mes y ahora el gobierno resolvió que las petroleras lo informen por separado a través de sus propias redes sociales”.
“Eso, para los consumidores y usuarios, es un gran retroceso en materia de acceso a la información, cuando la Constitución Nacional garantiza el acceso a una información adecuada y veraz- manifestó Llorente.
Consultado sobre el fundamento del gobierno para dictar esta resolución, el entrevistado sostuvo que consideraban que “era un dispendio administrativo innecesario o un gasto extra que podía evitarse”, contradiciendo los argumentos que utilizaron para dar origen a esa obligación.
También aclaró que el fallo “es una sentencia de fondo” por lo que los próximos aumentos deberían ser adecuadamente informados, aunque admitió que el gobierno podría apelarlo porque todavía no está firme.