La integrante del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género cuestionó la decisión del Gobierno de adherir a la declaración del Consenso de Ginebra que “niega el derecho al aborto y promueve una protección más restrictiva de la salud de las mujeres”.
En diálogo con Radio Provincia, afirmó que “es más una señal política” y aclaró que “no es un documento jurídicamente vinculante en nuestro país y la Ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente”.
En ese marco, la entrevistada sostuvo que “es más una demostración política de la elección del Gobierno de sumarse a esta alianza que niega el derecho al aborto protegido a nivel internacional y promueve una protección más restrictiva de la salud de las mujeres y de las familias”.
Así, la gestión libertaria “se alinea con esta agenda que busca recuperar ideas y políticas del pasado”, mientras “la situación en el país es más preocupante porque se están debilitando las herramientas concretas que permiten hacer efectivos estos derechos”, expresó.
Sotile denunció la disminución de las partidas destinadas a programas que garantizan el acceso a estos derechos a nivel nacional: “Desde 2024, 840 mil mujeres quedaron sin la cobertura anticoncepción por la desatención del Estado Nacional”.
Seguido, apuntó que “la reducción del gasto público y la atención es muy significativa” y “todas las políticas que tienen que ver con acceso a salud sexual y reproductiva para mujeres, niñas y adolescentes y de género han sufrido recortes drásticos”.