Sobre el tema, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Luis Campos dijo que esta “viene siendo la regla de esta gestión” y agregó que el salario “es la variable que sufrió el peor ajuste en estos dos años y medio”.
“El salario es un derecho constitucional” -asevero el especialista y continuó: “la ley dice claramente que, con un salario mínimo, vital y móvil, un trabajador sin cargas de familia, por 8 horas de trabajo debería poder comprar alimentos, vivienda, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsiones”.
Sobre la oferta que hicieron los empresarios, el entrevistado opinó que “lo que quieren hacer es licuar el salario para que, en vez de funcionar como vara que empuja para arriba, funcione como ancla. Entonces, se plantea un monto que es extremadamente bajo y eso le pone un piso muy bajo al resto de las negociaciones en todas las actividades”.
Luego se refirió a la propuesta del gobierno de fijar un salario mínimo de convenio, que esté en torno al millón 70 mil pesos. Dijo que “eso ya existe, no es novedoso y dependería de la negociación colectiva” y añadió que el anuncio “tiene una lógica puramente mediática que busca instalar un título en la agenda”.
En otro orden, Campos manifestó que el dato que da el gobierno sobre la creación de más de medio millón de puestos de trabajo durante la gestión de Milei “es estrictamente cierto, pero muy engañoso” y aclaró que "mucha gente empieza a trabajar en su tiempo libre, por ejemplo, en autos de aplicación". Entonces “lo que estamos viendo -añadió- es que lo que crece es la precariedad, porque esos puestos de trabajo que se generan tienen menos ingresos, no tienen cobertura de seguridad social, ni acceso a ningún tipo de derecho laboral”.
Por último, el investigador de la CTA aseveró: “el gobierno viene siendo honesto con lo que propuso. No habría que sorprenderse porque lo que está haciendo es efectivamente lo que propuso. Me parece que el problema es pensar que se puede organizar una sociedad sin Estado y con trabajadores cuyos salarios cayeron un 35%”.
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