Luego de que la justicia bonaerense suspendiera por 60 días la aplicación de la ley nacional que baja la edad de punibilidad a 14 años, el subsecretario de Responsabilidad Juvenil de la Provincia señaló que “la norma que fue resuelta en tiempo récord con muy poco debate porque el Gobierno quería evitar que naufrague, le impone a las provincias de todo el país obligaciones”. Zerillo explicó que el oficialismo impulsa esta definición pese a que “no tiene sistema de responsabilidad penal juvenil a su cargo”.
A su vez, aportó que “la provincia de Buenos Aires es por lejos el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil más grande del país: nosotros tenemos casi el 40% de la población, pero contamos con el 63% de los jóvenes privados de su libertad menores de 18 años de toda la Argentina”.
Por lo tanto, advirtió que “la decisión respecto de qué debería ocurrir con un aumento o no de edad de punibilidad, tendría que haber tenido un diálogo institucional con la entidad provincial más grande, para ver cuál era el mecanismo de implementación de la iniciativa”.
El funcionario del ministerio de Desarrollo de la Comunidad agregó que “tenemos una Ley que fue votada entre gallos y medianoches y, que, a su vez, tuvo el piné de establecer un plazo exiguo de 180 días para su implementación”. En ese contexto, cuestionó que “ahora tenemos una población objetiva duplicada dentro del sistema Penal Juvenil”, y en 6 meses debe “existir la infraestructura, los asistentes socioeducativos, la generación y articulación con otros organismos que garantizan derechos, como educación y salud”.
Zerillo consideró que “ha sido muy poco serio lo que hizo el Gobierno con esta determinación, que ha puesto en tensión al sistema más grande de todo el país”. Seguido, señaló que “a partir de esta Ley, vamos a recibir niños de 14 años con jóvenes de 20 ó 22 años y tenemos que hacer modificaciones de infraestructura”, que la Provincia ya tenía en marcha.
Por último, enfatizó que “a diferencia del gobierno nacional, queremos que la calidad de vida de los menores mejore (pese a la situación de encierro), que alcancen la terminalidad educativa, tengan acceso a atención médica y capacitaciones”. Por el contrario, dijo que desde LLA “solo se piensa en el amontonamiento de la mayor cantidad de población juvenil posible y no le dicen a la sociedad en qué condiciones van a recuperar su libertad estos jóvenes”.